Migrar nunca es fácil. Y migrar en las difíciles condiciones en las que lo hacen las personas que llegan a Colombia en busca de un futuro mejor, lo es aún menos.

Durante años, miles de colombianos se vieron obligados a dejar sus hogares y su país como consecuencia del conflicto. Ahora el escenario es diferente, y mientras continúa el desplazamiento interno, Colombia se ha convertido también en un país receptor de migrantes, que llegan a las ciudades colombianas en condiciones de gran vulnerabilidad.

En su viaje a través de Colombia, atraviesan regiones marcadas por el conflicto y la violencia armada, y no son ajenos a sus consecuencias. Extorsión, agresiones sexuales, utilización por parte de actores armados, homicidios selectivos, desaparición… Son realidades cotidianas en regiones colombianas como Arauca, Catatumbo o Nariño, solo por mencionar algunas. Y los migrantes, a menudo sin documentación, sin recursos económicos y sin una red de apoyo familiar, son especialmente vulnerables ante estos abusos.

Como organización humanitaria somos conscientes de las necesidades tanto de estos migrantes como de las comunidades de acogida en las que algunas de estas personas tratan de establecerse. Nos preocupa especialmente la vulnerabilidad de las mujeres y sobre todo de los niños, que, a pesar del importante esfuerzo realizado en Colombia, a menudo no logran acceder a servicios sociales básicos como salud y educación. Y nos preocupan sobre todo las regiones en las que las entidades del Estado no tienen una presencia fuerte. Estas zonas afectadas durante décadas por las dinámicas del conflicto y la violencia armada, ahora deben asumir con recursos precarios la llegada de personas con acuciantes necesidades de atención básica y escasos mecanismos de protección ante la violencia ejercida por los distintos actores armados que se disputan el territorio.

El reto que enfrentamos es enorme. Colombia está haciendo un importante esfuerzo, pero no es una tarea fácil debido a la magnitud y a la complejidad del fenómeno. Si bien es cierto que el Estado es el principal responsable de hacer frente a esta situación, es necesario el esfuerzo, la coordinación y la cooperación de toda la sociedad, con apoyo de la comunidad internacional y de las organizaciones humanitarias, para promover una migración ordenada, segura y garante de los derechos y la protección de estas personas. 

Por ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia va a escalar en 2019 su respuesta, con el fin de llegar a más personas de manera rápida y efectiva. Con un enfoque que prioriza la protección de estos migrantes, nuestros esfuerzos se centrarán en evitar la desaparición de personas en la ruta migratoria, facilitar el restablecimiento del contacto familiar de migrantes que por una u otra razón lo hayan perdido, especialmente de los menores no acompañados, y atender sus necesidades en materia de salud y acceso al agua y a saneamiento básico, entre otros.

Nuestra experiencia de más de 50 años en las regiones más afectadas por la violencia en Colombia, nuestro conocimiento del territorio y nuestro diálogo humanitario con actores armados en el país nos permite un acceso privilegiado a las zonas donde los migrantes son más vulnerables. Confiamos de esta manera en poder contribuir a la atención digna a esta población, sin olvidar nunca el apoyo a las comunidades receptoras que hacen día a día un importante esfuerzo solidario por integrar a los recién llegados.

*Coordinadora de la respuesta Migración del CICR en Colombia

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.

Por: Rocío Fischer