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Corte Constitucional fue galardonada por sentencia sobre DD HH de migrantes

En Colombia hay casi dos millones y medio de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. | Por: GUILLERMO TORRES - SEMANA

La ceremonia del Premio Sentencias 2022 sobre acceso a la justicia de personas o sujetas de protección internacional estuvo a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.

La Sentencia SU-180 de 2022, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar fue galardonada en el Premio Sentencias 2022: Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional. 

Así, la Corte Constitucional de Colombia recibió el primer lugar de este galardón que reconoce aquellos fallos emitidos en el continente americano que cumplen con las más altas normas y estándares de los derechos humanos y que han servido para garantizar el goce de los derechos humanos de las personas migrantes o sujetas a protección internacional.

La sentencia emitida por el magistrado Ibáñez analizó la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la protección integral, a la integridad, a la igualdad, a tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y al amor y a la personalidad de los que es titular un niño migrante irregular de nacionalidad venezolana que fue abandonado por su madre en territorio colombiano.

El galardón se otorgó después de que la sentencia fuera analizada por un jurado conformado por cinco integrantes expertos en la materia de derechos humanos y protección internacional. Es de resaltar que, para la séptima edición de estos premios acompañaron esta iniciativa catorce entidades convocantes.

La Corte Constitucional de Colombia recibió una mención especial a las sentencias: T-006 de 2020, con ponencia de la presidenta de la Corporación, magistrada Cristina Pardo Schlesinger, sobre el derecho a la nacionalidad de los niños y niñas hijos de extranjeros que se encuentran en riesgo de apatridia en Colombia.

Igualmente fue distinguida la sentencia SU-397 de 2021, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, que analizó el derecho al debido proceso administrativo y a la unidad familiar, así como el interés superior del menor. Derechos de los extranjeros y facultad discrecional de expulsión o deportación y la prohibición de la expulsión colectiva de migrantes en los términos del artículo 22.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Y la sentencia T-155 de 2021, con ponencia de la magistrada Paola Meneses Mosquera, que estudió los derechos a la nacionalidad y la personalidad jurídica.

La ceremonia de premiación se realizó en el marco del Octavo Foro Regional: Nuevos retos en el acceso a la justicia. Desastres socioambientales, cambio climático y movilidad humana, y fue auspiciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.