La violencia contra las personas LGBTIQ en Venezuela se suma al listado de motivos por los que la población venezolana abandona el país. Colombia tiene una legislación más sólida al respecto, pero persisten retos.

Por Flor María Gómez*

Las personas LGBTIQ que migran comparten con el resto de migrantes venezolanos muchas de las razones para partir hacia Colombia. Sin embargo, la discriminación, las amenazas por acciones de activismo y la negación de derechos en el ámbito de la salud por falta de un enfoque diferencial, suman en la decisión de dejar su país.

En Venezuela, la comunidad LGBTIQ lleva años luchando contra la discriminación sin que la ley le otorgue derechos como el matrimonio igualitario o el cambio de identidad de género. Las organizaciones y activistas que aún se encuentran en el país denuncian “persecución” y “criminalización de la homosexualidad”. Hace un año, por ejemplo, se conoció que la policía venezolana detuvo a 33 hombres en Valencia que se encontraban en una sala de sauna. La Fiscalía los imputó por “ultraje al pudor”, entre otros delitos.

Las cifras también evidencian la violencia contra esta población. El Observatorio Venezolano de Violencias (OVV LGBTIQ+) en su informe Voces contra el prejuicio, documentó al menos 461 casos durante 2023, de los cuales 394 personas resultaron afectadas directamente y otras cinco fueron asesinadas (cuatro eran mujeres trans). Las afectaciones incluyen incidentes discriminatorios, discursos de odio, delitos basados en prejuicios por orientación sexual, violencia extrema y desapariciones, entre otras.

Ante este panorama, se han intentado diseñar políticas públicas y leyes en Venezuela. Sin embargo, todas las iniciativas han sido frenadas por grupos antiderechos dentro del Estado. De acuerdo con el OVV LGBTIQ+, durante 2023 se discutió en la Asamblea Nacional un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación que no avanzó luego de la etapa de discusión pública. También se buscó implementar el cambio de identidad de género que permite el artículo 146 de la Ley de Registro Civil, pero esta disposición no fue incluida en el instructivo, lo que alarga las trabas para acceder a este derecho.

En general, para las personas LGBTIQ en Venezuela, la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida sin que su identidad, expresión de género u orientación sexual sea un limitante, agrega una capa adicional de motivación para migrar. Colombia, entonces, se presenta como un destino prometedor, pero ¿con qué se encuentran al llegar aquí?

Lo bueno

Lo primero es el marco normativo y legislativo en el que hemos avanzado. Está, por ejemplo, la sentencia C-075 de 2007 de la Corte Constitucional, que reconoce a las parejas del mismo sexo los derechos que tienen las parejas heterosexuales; y el Decreto 1227 de 2015, que establece normas sobre el cambio de nombre y sexo en el registro civil, facilitando el proceso para las personas trans.

La Corte Constitucional también ha emitido varias sentencias que reconocen el derecho de parejas del mismo sexo a adoptar menores. Y, se suma, la Política Pública LGBTI Nacional —que en mayo cumplió 10 años desde su implementación— y las políticas públicas locales LGBTIQ, fortalecidas e impulsadas por alcaldías y gobernaciones. Otro gran logro es la visibilización y aceptación de las personas trans en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). En el Permiso por Protección Temporal (PPT) las personas transmigrantes pueden tener sus nombres y géneros identitarios.

A pesar de que en Colombia aún existe una cultura machista y homotransfóbica, testimonios recogidos por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en Barranquilla con personas migrantes LGBTIQ, dan cuenta de sentirse más cómodos cuando expresan su orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa. Eso evidencia los avances del país en comparación a Venezuela y la labor de organizaciones de la sociedad civil que han brindado acompañamiento jurídico, psicosocial, laboral y educativo a esta población.

Lo malo

La migración presenta riesgos significativos para personas LGBTIQ+, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad por su condición de migrantes y su diversidad. Esa vulnerabilidad se intensifica en las rutas migratorias irregulares, donde hay riesgo de violencia de género y trata de personas, especialmente para las mujeres trans.

El informe Lejos y a la deriva de Caribe Afirmativo, destaca altos niveles de vulnerabilidad en la playa de Necoclí, frontera con Panamá, donde grupos armados ejercen control e intimidación como parte de su estrategia de explotación. La violencia aumenta para aquellas personas identificadas con una expresión de género diversa. Es el caso, documentado en el informe, de un hombre gay negro, víctima de violencia sexual colectiva por actores armados y otros migrantes, diagnosticado luego con VIH como consecuencia de estas agresiones.

Se suma la violencia que vive Colombia. Según investigaciones de Colombia Diversa y el CINEP, en 2023 los homicidios contra personas líderes LGBTIQ aumentaron un 12%. Varias personas migrantes LGBTIQ, también consultadas por la FIP, han mencionado recientemente que es un mal momento para tener una expresión de género diversa y ser defensor de derechos humanos, subrayando el riesgo que corren aquellos que son más visibles.

Estos riesgos, que suelen enfrentar durante el tránsito, también se presentan cuando esta población se asienta. Caribe Afirmativo identificó en el 2022 que, en Cartagena, la población LGBTIQ más afectada por el acoso sexual callejero y la violencia policial son las migrantes venezolanas, las mujeres trans en ejercicio del trabajo sexual y los hombres gais racializados.

Lo feo

A pesar de que en Colombia se acepta la identidad de las personas transmigrantes en el PPT, el proceso de expedición o reexpedición del documento con los nombres y géneros identitarios se convierte en un desafío adicional. Para empezar, las personas trans venezolanas llegan al país con un documento que no respeta su nombre y género porque así está dispuesto en el marco jurídico venezolano. Por eso, tienen que solicitar una escritura pública en una notaría, lo que implica costos adicionales que no pueden solventar en la mayoría de los casos. También les implica más tiempo y exposición a espacios donde muchas veces se desconoce la reglamentación. 

Se suman las barreras relacionales y estereotipos. El estigma asociado a las personas con diagnóstico positivo de VIH ha sido una de las principales barreras para que los migrantes LGBTIQ accedan al sistema de salud. Aquellos que buscan un acceso más eficaz a medicamentos para tratar el virus, a menudo no reciben la atención adecuada debido a la discriminación social en torno al VIH y, especialmente, a sus identidades y expresiones de género diverso. Esta intersección entre el diagnóstico de VIH y la diversidad se convierte en un factor de desigualdad y una causa de violación de derechos humanos. Según la Plataforma LGBTI por la Paz, en las redes sociales circulan con frecuencia mensajes que culpan a la migración venezolana —especialmente a quienes realizan trabajo sexual— por los nuevos casos de VIH en el país.

Aprovechar los avances

Es crucial que las personas LGBTIQ migrantes conozcan y aprovechen el marco normativo que existe en Colombia para proteger sus derechos. Para esto, las organizaciones locales de base migrante y enfocadas en derechos de personas LGBTIQ, son y deben seguir siendo aliados importantes, proporcionando orientación legal y apoyo para la integración.

Es esencial ofrecer apoyo y protección a las personas LGBTIQ durante su tránsito. Esto implica colaborar con autoridades locales y organizaciones internacionales para garantizar rutas seguras, así como reducir la vulnerabilidad a la violencia y explotación, especialmente para mujeres trans y otras personas con identidades diversas.

Finalmente, es urgente reducir la complejidad y el costo de la reexpedición y actualización de PPT. Esto incluye facilitar el acceso a escrituras públicas y otros requisitos legales —puede ser reduciendo o eliminando el costo adicional— que permitan a las personas transgénero obtener documentos que reflejen su identidad de manera accesible y respetuosa. Todo ello contribuye el desarrollo de sus proyectos de vida digna.

*Flor María Gómez es politóloga con énfasis en gestión pública. En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hace parte del equipo de Construcción de Paz en el que trabaja los temas de migración, reincorporación e inclusión con el sector empresarial.