Por Daniella Monroy Argumedo
Investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y del RADAR Colombia – Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Consultora asociada de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
Hace pocos meses el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) le preguntó a 6 mil migrantes venezolanos y retornados colombianos de 23 ciudades por su vida en el país durante la aplicación de la Encuesta Pulso de la Migración, un ejercicio que ya va por su quinta versión.
El 71,9% de los encuestados afirmó que en sus hogares viven niños, niñas y adolescentes. De allí se puede estimar la gran población menor de edad que ha llegado en los últimos años al país. El dato preocupante es que en el 14,5% de esos hogares uno de los niños o niñas no estaba estudiando, primordialmente, porque no contaba con documentos para inscribirse en una institución educativa. Este dato da cuenta de la irregularidad que sigue siendo un obstáculo para el acceso a derechos de la población migrante.
De hecho, cuando les preguntaron sobre su situación migratoria, el 56,7% de los encuestados contestó que tiene Permiso por Protección Temporal (PPT), es decir, el documento con el cual los migrantes tienen derecho a permanecer regularmente en Colombia por 10 años, pero el 37,4% de los encuestados no tiene ningún permiso.
No solo la irregularidad es uno de los retos prevalentes en la población migrante. También lo es la integración migratoria, es decir, el pleno acceso de ellos a salud, educación, trabajo y otros servicios esenciales para hacer vida en Colombia. Impulsar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (del cual se desprende el Permiso por Protección Temporal) sigue siendo una tarea ineludible para impulsar la integración de los migrantes en nuestra sociedad. Esta tarea depende, en gran parte, de las instituciones estatales que deben impulsarla.
A un año de iniciado el gobierno del presidente Petro, parece que la población migrante pasará de ser vocación exclusiva de la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que siempre ha estado, a serlo también del ministerio que Petro prometió en su programa de gobierno: el de la Igualdad y Equidad. El tema será competencia de una de las veinte direcciones de esa cartera.
En la Ley 2281 de 2023, la Presidencia de la República estipula que el Ministerio de Igualdad y Equidad será liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Su planta será de aproximadamente 750 cargos distribuidos en cinco viceministerios: de las Mujeres; de la Juventud; para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza; de las Diversidades; y de los Pueblos Étnicos y Campesinos.
En el Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza hay seis direcciones, entre las que está la Dirección para la Población Migrante. El artículo 31 del Decreto 1075 de 2023, en el que se mencionan las funciones de esta dependencia, tiene algunas particularidades.
Primero, dice que la Dirección para la Población Migrante debe adoptar y ejecutar políticas que promuevan los derechos de la población migrante a la que distingue entre regular, irregular, refugiada, en tránsito y retornada. Eso da pie a que estas sean subpoblaciones abordadas desde un enfoque diferencial, es decir, en el que se desarrollen políticas públicas que comprendan sus necesidades específicas. Cabe aclarar que, dentro de esa clasificación, son los migrantes con vocación de permanencia los que representan el mayor número, con 2,8 millones a octubre de 2022, de los cuales 1,9 millones están regularizados a través del Permiso por Protección Temporal.
Por otro lado, una función que desempeñaba la desaparecida Gerencia de Fronteras, la de articular a las entidades nacionales y locales competentes para la integración socioeconómica de la población migrante y las comunidades de acogida, será una de las que cumplirá la Dirección para la Población Migrante.
Hay otras funciones de esta Dirección relacionadas con la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos (adscrita al despacho de la Ministra o Ministro). Por ejemplo, realizar conjuntamente estudios e investigaciones relacionadas con la población migrante, refugiada y retornada. Quedan dudas en cuanto a si esta será una instancia más que pretenda unificar las diversas fuentes de información y caracterización de la población migrante, como lo es, por ejemplo, el Observatorio Nacional de Migraciones del Departamento Nacional de Planeación. Es ideal que realmente proponga alternativas de solución a las barreras de acceso a derechos de las personas migrantes, pues diseñar e implementar sistemas de información será útil siempre y cuando no se dupliquen funciones con otras entidades.
Puede descargar el tercer reporte de la Bitácora Migratoria de 2023 AQUÍ
