La pandemia por la covid -19 ha dejado en Colombia una dura realidad para nacionales y extranjeros: miles de personas debían elegir entre comer o pagar el arriendo. A pesar de las medidas dispuestas hasta junio pasado por el Gobierno nacional para la protección de estas personas en riesgo de desalojo, con el decreto 579 de 2020, entre marzo y agosto se reportaron 381 incidentes.
Dichos eventos se relacionaron con desalojos forzados de vivienda, en donde se vieron afectadas 1.593 personas en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Arauca, Bogotá, Bolívar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
De acuerdo con el Grupo Interagencial de Flujos Mixtos Migratorios (GIFMM), un tercio de los migrantes afectados por los desalojos durante la pandemia se vieron forzados a ocupar predios abandonados o terminaron en situación de calle. A septiembre de 2020, el programa ADN Dignidad —integrado por las organizaciones humanitarias Acción contra el Hambre, el Consejo Danés para Refugiados y el Consejo Noruego de Refugiados, y financiado por Usaid— identificó al menos 10 asentamientos de vivienda informal habitados por 2.000 personas provenientes de Venezuela que se encontraban en Arauca, Bogotá, Cali, Ipiales y Villa del Rosario.
En respuesta a la situación de vulnerabilidad de la población migrante venezolana y de acogida colombiana, el programa ADN Dignidad brindó asistencia a más de 62.000 personas (18.500 familias) entre marzo y agosto de este año. Esta asistencia facilitó el alivio de necesidades como vivienda, alimentos,transferencias monetarias y servicios básicos, además brindó información sobre protección y nutrición.
En una encuesta para monitorear el tema de desalojos, realizada por el GIFMM, se evidenció que hay grupos poblacionales muy vulnerables a los desalojos forzados. De 1.593 personas que reportaron ser desalojadas y 422 que afirmaron estar en riesgo de desalojo, el 8% eran mujeres gestantes o lactantes y el 6% eran personas con alguna condición médica especial que requieren servicios urgentes o padecen enfermedades crónicas, precisó Dominika Arseniuk, representante en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados.
Personal de Acción Contra el Hambre, el Consejo Noruego de Refugiados y el Consejo Danés para Refugiados ha estado activo durante los meses de pandemia. En muchos casos ha mediado entre arrendadores y arrendatarios con el objetivo de mitigar el riesgo de desalojo, para sensibilizarles frente a la situación de riesgo y vulnerabilidad de la población. FOTO: Cortesía ADN Dignidad
El escenario es bastante grave, lamenta Arseniuk, porque es una población que no solo perdió sus fuentes de ingreso sino que necesita atenciones específicas. “El acceso a servicios médicos de la población migrante y refugiada es muy limitado o inexistente debido a su estatus migratorio irregular”, dice recordando las estadísticas que manejan de esta población: nueve de 10 venezolanos trabaja en la economía informal por lo cual no cuenta con aseguramiento en salud.
Y para mitigar los efectos catastróficos de la pandemia, los integrantes del programa ADN Dignidad los han apoyado con transferencias monetarias, a fin de que busquen alternativas de vivienda y no se queden en situación de calle.
El tema violencia de género se volvió complejo, advierte Dominika Arseniuk, quien denunció que en el marco de los desalojos, las mujeres venezolanas están expuestas a presiones indebidas y diferenciadas por género. “Las solicitudes de sexo por supervivencia o a cambio del pago de vivienda, el acoso sexual o las amenazas para evitar sus denuncias, son ejemplo de ello. No tenemos cifras pero sí hemos encontrado estos casos de acoso sexual, y de amenazas para evitar las denuncias“, asegura.
La afectación de los medios de vida de los migrantes en la coyuntura de la pandemia también fue analizada por Yan Cornic, director país del Consejo Danés para Refugiados en Colombia. Además de entrega de efectivo o tarjetas para apoyarlos con los arriendos, les han donado kits de higiene y les compartieron información sobre las rutas de atención a población vulnerable en casos de desalojo.
Las ayudas en transferencias monetarias, que antes de abril representaban unas 4.000 entregas mensuales, pasaron a ser 14.000 entre mayo y agosto, los meses más duros del confinamiento para intentar controlar la propagación del coronavirus.
Al ser desalojados, Cornic relató que estas poblaciones vulnerables decidieron compartir vivienda con desconocidos y otras familias, situación que generó hacinamiento y el incremento no solo del riesgo de contagio de la covid-19 sino también de riesgos relacionados con violencia basada en género y protección infantil.
“Muchos de los migrantes y refugiados desalojados terminaban en la calle, en asentamientos informales o viviendo debajo de puentes”, dijo el representante para Colombia del Consejo Danés de Refugiados, quien alberga la esperanza de que la reactivación económica del país les genere ingresos a los migrantes y refugiados para que puedan de nuevo pagar una vivienda y sostenerse con sus familias.
Conscientes de los riesgos que implicaba retornar a Venezuela en medio la pandemia, el programa ADN Dignidad fortaleció su respuesta de acuerdo con las necesidades de las personas migrantes. Asistió a 83 familias correspondiente a 320 personas con apoyo temporal de arriendo, o remisiones externas, para mitigar el riesgo de desalojo o para brindar alojamiento temporal.
Además, en cooperación con las autoridades competentes y la población afectada, ha realizado monitoreo de protección y ha mediado entre arrendadores y arrendatarios con el objetivo de mitigar el riesgo de desalojo sensibilizando sobre la vulnerabilidad de la población.
De esta manera, las organizaciones humanitarias buscaban alivianar la carga económica de las familias que habían perdido sus ingresos durante el confinamiento y evitar que tomaran la decisión riesgosa de regresar a Venezuela, como finalmente lo hicieron más de 113 mil personas, de acuerdo con las estadísticas de Migración Colombia.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
