La semana pasada, la Fundación Entre Dos Tierras, una ONG que entrega almuerzos y desayunos a migrantes venezolanos en Bucaramanga, se hizo conocida en todo el país. Los vecinos del barrio residencial San Alonso, en donde está ubicada su sede, pidieron el cierre de la organización porque se ha convertido en un problema “social y de seguridad” para la comunidad.
El conflicto empezó el jueves 31 de enero cuando funcionarios de la Alcaldía municipal y la Policía se acercaron al luagr y le notificaron a Alba Pereira, fundadora de Entre Dos Tierras, que sus vecinos radicaron un derecho de petición quejándose de la actividad de la fundación. Alba reparte con su equipo de trabajo desayunos y almuerzos desde un pequeño local a cerca de 600 venezolanos todos los días. Pereira cuenta que ha alcanzado a repartir hasta 1.200 raciones de comida en una jornada. A partir de esta labor, la fundación se ha convertido en una referencia en el tema de atención a migrantes en Bucaramanga.
Según cuenta un superintente que acompañaba la visita, Pereira interpretó que debía cerrar el lugar, así que llamó la atención de los medios, y de paso, preocupó a los migrantes que reciben alimentos todos los días en el lugar. Y varios medios locales y nacionales replicaron la noticia. Todo esto sucedió sin que hubiera de por medio una restricción oficial que impidiera a la fundación continuar funcionando. Ante de la polémica, los policías del cuadrante le informaron a Alba que podía continuar entregando comida. “Para poder funcionar me pidieron el certificado de Cámara y Comercio y el RUT que ya los tengo, pero ahora debo tener certificado de Sayco y Acinpro y el permiso del POT que ya estoy tramitando”, cuenta Alba.
En ese momento, la discusión quedó saldada, pero el inconformismo de los vecinos continúa. Los migrantes, por su parte, siguen recibiendo desayunos y almuerzos en la sede de la fundación.
Momento en el que las autoridades municipales van a la fundación para noticficar a Alba de las quejas de los vecinos | © Archivo particular
Entre Dos Tierras se creó en agosto de 2017, pero los inconvenientes empezaron a comienzos de septiembre del año pasado con la entrega de comidas. La organización funciona en San Alonso, un barrio residencial de clase media, y quienes viven cerca del lugar se quejan constantemente del ruido y la obstrucción del espacio público, pues por el tamaño del local, los migrantes deben permanecer en el andén. “En esta zona se alquilan habitaciones a muchos estudiantes. Ellos se acuestan tarde estudiando y luego no pueden dormir bien porque desde la madrugada vienen a hacer fila a la fundación. Eso no está perjudicando los negocios”, dice Francisco Cotes, uno de los vecinos.
Desde finales del año pasado, los habitantes del sector se acercaron a la Alcaldía para quejarse por lo que consideran que es una actividad indebida en su barrio. Pero este año decidieron tomar acciones. El 23 de enero radicaron un derecho de petición exigiendo el “sellamiento permanente” de la Fundación Entre Dos Tierras. El documento, en el que constan 71 firmas de residentes de San Alonso, fue presentado ante la Alcaldía, la Policía de Bucaramanga, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y Migración Colombia. En la carta, califican la situación como “grave, crítica y delicada”, y afirman que la concentración de migrantes se ha convertido en un problema de salud pública y de seguridad.
Este es el derecho de petición presentado por los vecinos de San Alonso. Haga clic para ver la imagen completa.
La comunidad asegura que no se han presentado hurtos o peleas entre los habitantes de San Alonso y los migrantes, pero sí denuncian que ha habido discusiones entre los mismos venezolanos. “A veces se pelean entre ellos por el turno en la fila. Con nosotros ya están próximos a tener choques porque siempre hay que pedirles permiso para pasar o que dejen el ruido”, dice Jorge*, uno de los vecinos más próximos a la sede de Entre Dos Tierras.
Algunos incluso apoyan la idea de que Migración Colombia haga control permanente a los venezolanos que se acercan a la fundación con el fin de expulsar del país a quienes estén en situación irregular.
El inconformismo de los vecinos aumentó por cuenta del incremento de los impuestos que deben pagar anualmente a la adminstración por vivir en este sector de la ciudad. Este año, los recibos del impuesto predial y de valorización que les llegaron a los habitantes de San Alonso, considerado de estrato 4, muestran aumentos de hasta el 100 por ciento. Pero los residentes del sector denuncian que después de eso no hubo mejoras significativas. “En vez de traer beneficios, nos trajo desventajas. Tenemos obras inconclusas y encima la Alcaldía no responde por lo que pasa con la fundación. No podemos ni transitar tranquilos en el barrio”, asegura María*, otra habitante de San Alonso.
© Cortesía vecinos del sector
Alba entiende la molestia de los vecinos, pero pide que les tengan “paciencia y consideración” a los migrantes que necesitan ayuda. Desde Proyecto Migración Venezuela buscamos a los vecinos para saber qué piensan sobre este argumento. La mayoría dice que“lamenta la situación de los migrantes” y que “no promueve actitudes xenófobas”, pero opinan que deben ser las autoridades locales, y no la fundación, quien atienda esta situación. “Ya esto también se ha vuelto un tema humanitario porque ellos comen ahí en el piso de las calles y eso no es digno. El tema del gobierno es que debe buscar un espacio grande donde los puedan atender. Darles comida y atención a salud en espacios decentes”, dice Jorge*.
Tanto Alba como los habitantes de San Alonso coinciden en que desde el gobierno local es poco lo que se hace por administrar la migración en Bucaramanga. Según cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, hasta finales de septiembre del año pasado, 29.306 venezolanos tenían intención de quedarse en Bucaramanga. Sin embargo, esta cifra no incluye a los migrantes que transitan por Bucaramanga en su viaje desde la frontera hacia el interior del país.
La Secretaría del Interior encabeza la respuesta a la migración a nivel local. Según las directrices del gobierno nacional, los venezolanos pueden acudir a los centros de atención médica del estado en caso de emergencias o si una mujer entra en labor de parto, y registrar a los menores en edad escolar en las instituciones educativas públicas. Pero Amparo Hurtado, funcionaria del despacho del alcalde, afirma que es poco lo que se puede hacer a nivel local ya que no hay recursos. “Nosotros le hemos solicitado al gobierno nacional atención humanitaria para los migrantes, incluso propusimos hacer un refugio, pero no fue posible. El Gobierno no nos ha girado recursos para atender a los migrantes”, afirma.
Pero más allá de la atención humanitaria, las autoridades no han diseñado una respuesta integral a la migración. Por ahora, esperan que se cree una política migratoria nacional que permita a los gobiernos locales tener una hoja de ruta clara. “En muchas partes de Colombia la situación es igual porque no tenemos una política pública que nos diga a los gobiernos locales como atender a los migrantes. Mientras eso no exista no sabremos qué hacer y cómo atender la situación”, insiste Hurtado.
Mientras tanto, los residentes de San Alonso cuentan con que se cumpla el plazo del derecho de petición para poder interponer una tutela y los migrantes más necesitados se acercan todos los días a la Fundación Entre Dos Tierras en busca de un plato de comida.
* Los nombres de algunos vecinos han sido cambiados para proteger su identidad.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
