Durante mucho tiempo los indígenas zenúes del municipio de Tuchín, en el norte de Córdoba, tuvieron en la venta de tinto en Maicao, a solo 10 kilómetros de la frontera, su negocio exclusivo. Por décadas ganaron su sustento caminando sin parar para vender vasitos de café a menos de 500 pesos. Pero desde hace dos años otros recorren las polvorientas calles de Maicao, mientras arrastran un carrito con varios termos llenos de tinto, cigarrillos y golosinas. Son venezolanos.
Jasmine mantiene a su familia con este negocio. Hace un año llegó de Maracaibo con su hija y hace ocho meses duerme en un andén frente a un parqueadero. Aunque dice que todavía no le alcanza para pagar un cuarto, con lo que gana come y paga el alquiler del carrito. Aún no ha podido mandar plata a su familia en Venezuela. Hace 24 días otra de sus hijas llegó con su esposo y su pequeña nieta. Ninguno ha podido conseguir trabajo, por lo que todos viven de las ganancias que les deja el café.
La venta ambulante de tinto muestra solo una forma de cómo han cambiado las dinámicas en este municipio fronterizo con la llegada de venezolanos y el regreso de colombianos residentes allá. La migración se ve en casi todas las esquinas de Maicao: desde los vendedores de comida rápida, medicamentos y productos de la canasta básica hasta los puestos de cambio de bolívares, las pimpinas de gasolina, las improvisadas camas en los andenes y los nuevos asentamientos informales en la periferia.
Al mediodía, muchos venezolanos se acercan a los comedores comunitarios del Programa Mundial de Alimentos. | © Miguel Galezzo / Proyecto Migración Venezuela
En las noches, migrantes que no tienen dónde vivir duermen en los andenes del centro de Maicao. | © César García/Proyecto Migración Venezuela
La Guajira se convirtió en una de las principales y menos controladas puertas de entrada a Colombia. Según cifras del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, de los 1.002.884 venezolanos con intención de quedarse en el país en 2018, el 7,1 por ciento estaba en La Guajira, es decir, 71.271 personas. Esta cifra es un estimado porque la mayoría de las personas que entran por allí continúan su viaje hacia el interior del país. Quienes permanecen buscan cualquier forma de sobrevivir.
En los 249 kilómetros de frontera terrestre que separa a los dos países en esta región, solo hay un paso oficial en el corregimiento de Paraguachón. A pocos metros de la carpa oficial de Migración Colombia está la entrada a La 80 y La Cortica, dos de las casi 80 trochas controladas por bandas criminales que transportan gente y mercancía sin control alguno. En La Guajira, la mayoría de los migrantes ingresan por esas vías y se exponen a que los roben o asesinen en el camino. El año pasado solo entraron 4.000 personas al mes, en promedio, por el puesto de control fronterizo.
Los que llegan a Maicao viven del rebusque porque hay muy pocas opciones de trabajo en este municipio. Y no es una condición exclusiva de los migrantes. Maicao ha vivido históricamente del contrabando, y desde la apertura económica en los años noventa sufre las consecuencias del control aduanero estricto. “De aquel comercio floreciente no queda nada. Aquí los dueños de grandes comercios, especialmente la población árabe, se fueron después de la arremetida del Gobierno”, dice Julio Manuel Larios, un profesor jubilado de 67 años que ha pasado toda su vida en el municipio.
La crisis económica empeoró después del cierre de frontera en 2015. Los comerciantes en Maicao vieron cómo sus principales clientes perdieron su poder adquisitivo y poco a poco se convirtieron en su competencia. Como le explicó a SEMANA Álvaro Romero, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, hoy “los migrantes, al igual que muchos vendedores ambulantes, compiten con el comercio legalmente establecido; incluso, se sitúan al frente de sus establecimientos a ofrecer productos con un precio mucho menor”. Esta actividad le aporta poco a Maicao porque “en la tarde se van a su país, es decir que nada de esos recursos que consiguen se quedan aquí”.
Durante mucho tiempo los venezolanos fueron los principales clientes de los comerciantes en Maicao. Ahora se han convertido en su competencia.| © César García/Proyecto Migración Venezuela
Para Yudy Peralta, antigua presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Paraguachón, la vida siempre ha sido difícil en la frontera, pero la cercanía con Venezuela compensaba la poca presencia del Estado colombiano. Por muchos años la población obtenía inclusive servicios básicos, como la luz, y otros, como la radio y la televisión, del país vecino. “No había tanta decadencia como ahora”, dice.
En un municipio que ya enfrentaba serios problemas, sus habitantes perciben la migración como una carga más. Las autoridades locales se quejan de la falta de recursos, y han elegido responder con medidas de fuerza por medio de operativos de control del espacio público. Aldemiro Santo Choles, secretario de Gobierno en Maicao, afirma que el Gobierno nacional los dejó solos. “Lo único que hizo fue generar un problema más grande porque legalizó a unos venezolanos para que pudieran trabajar, cuando aquí no hay trabajo ni para los colombianos, o pudieran ingresar a los hospitales y colegios donde siempre ha habido un déficit de atención”.
Sin embargo, varias organizaciones de cooperación internacional y ONG han llegado a la zona para atender no solo a los migrantes, sino también a la población que los acoge. Acnur lidera en La Guajira la respuesta a la migración y apoya la labor de Pastoral Social y Save the Children, así como de instituciones como la Registraduría y el Bienestar Familiar (ICBF). Pero para ver este fenómeno como una oportunidad hay que ir más allá. Como dice Yeimy Nassir, coordinadora del Centro de Atención al Migrante y al Refugiado del municipio, “A Maicao no le han invertido recursos que fortalezcan la educación, generen turismo y ofrezcan empleo por fuera del comercio”.
«La gran preocupación de nosotros como maestros es la falta de interés del gobierno, si no hubiera sido por la intervención de los organismos internacionales no hubiéramos podido atender la situación»
Georgina Deluque
Directora del Centro Etnoeducativo de Paraguachón
Mientras sus habitantes buscan un modelo económico legal y las autoridades se cruzan de brazos por la falta de apoyo nacional, Georgina Deluque, directora del Centro Etnoeducativo de Paraguachón, entendió que para cambiar el futuro hay que actuar ahora. Por eso, a pesar de las restricciones del Ministerio de Educación, su colegio empezó a recibir niños venezolanos aun cuando no tienen papeles, y la mayoría no podrá obtener su diploma. “Es mínima la esperanza, pero existe –afirma– porque, a pesar de que lo que el mundo les ofrece puede ser más atractivo, ellos están creyendo que la educación es la salida”.
Este artículo fue publicado en la edición No. 1919 de la Revista Semana.
Por: Juliana Peña @Julianapg
