Mientras el tema de la vacunación de venezolanos no regulares en Colombia causa polémica, por el anuncio de que no se podrán inmunizar, el país dio un paso gigante en destruir las barreras de acceso al empleo que encuentran los refugiados del vecino país en nuestro territorio.

El Ministerio de Trabajo firmó una carta de entendimiento con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con la cual se pretende fomentar su inserción en el mercado laboral.

En todos los países del mundo, la migración ha jugado un papel clave en el desarrollo local, una vez se logra la inserción de los migrantes a la economía.

En la actualidad, el país cuenta con más de 1,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos, de acuerdo con las estadísticas recientes de Migración Colombia. No obstante, una de las dificultades, y es la que precisamente llevó a que el Gobierno nacional hablara de una imposibilidad para incluirlos en el plan de inmunización, es que más del 55 % están en condición irregular.

Según lo establecido por el Mintrabajo, “la falta de documentación y la dificultad para convalidar títulos, sumadas a las circunstancias actuales por la emergencia sanitaria, dificultan las posibilidades de esta población para vincularse formalmente a un empleo que les permita generar ingresos y cubrir sus necesidades”.

En recientes cuentas estadísticas del Dane se evidencia que las condiciones de desempleo y pobreza de los venezolanos en el país logran mover las tasas de esos indicadores en Colombia. De hecho, una evaluación de necesidades de la población venezolana en el contexto de la Covid-19, realizada por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, cubrió una muestra de 700 hogares, y halló que, dentro de sus principales requerimientos está la comida (95 %), mientras que la vivienda es para ellos la segunda prioridad (53 %), lo que también requiere de ingresos, toda vez que viven en arriendo y a veces en la calle.

En tercer lugar, luego de suplir las necesidades prioritarias del ser humano, los migrantes pusieron el acceso al empleo como una de sus necesidades apremiantes (45 %).

La labor articulada entre el Ministerio de Trabajo y ACNUR tiene como objetivo mitigar las barreras que impiden el acceso al empleo para los migrantes; así como realizar tareas de incidencia con entidades gubernamentales, empresas y gremios del sector para promover su inclusión laboral.

Adicionalmente, esta alianza busca desarrollar herramientas de información que le permitan a la población proveniente de Venezuela, junto a las empresas y autoridades gubernamentales, disponer de datos claves para facilitar su empleabilidad y contratación laboral. Así mismo, se llevarán a cabo capacitaciones a inspectores de trabajo para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores venezolanos en Colombia.

“La inserción laboral de la población refugiada y migrante es un paso fundamental hacia su integración en la sociedad, lo que significará beneficios no solo para ella sino para todo el país”, manifestó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez.

“Colombia está haciendo los esfuerzos pertinentes para seguir atendiendo con las mejores condiciones a esta población. Este convenio que se oficializa hoy, nos permitirá tener censos y saber cómo se pueden insertar laboralmente. Igualmente, si logramos formalizar a la población venezolana como está planteado en la Misión de Empleo, seguiremos luchando de la mano en esta tarea para beneficios comunes y de esta población”.

“Esta alianza es un paso importante en la construcción de soluciones duraderas. Debemos seguir avanzando en la formalización de esta población migrante”, aseguró el representante de ACNUR en Colombia, Jozef Merkx.

Por: Redacción Semana – Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela