Dolida y de mal genio se retiró Lorena Rojas  —una compradora más — de las instalaciones de Corabastos el pasado martes, ante la negativa de uno de los vigilantes de permitirle el ingreso por su nacionalidad a la mayor despensa de alimentos de Bogotá.  

“¿Dónde se pueden denunciar casos de discriminación y xenofobia”, preguntó Lorena en redes sociales, tras la lapidaria frase: “No me dejan entrar a Corabastos solo por ser venezolana. Me dijeron los vigilantes que son órdenes de la gerencia y no me mostraron la orden.  Tengo Permiso Especial de Permanencia (PEP), pasaporte y cédula, me correspondía por género salir a la calle ese día a comprar alimentos”.

El Proyecto Migración Venezuela contactó a esta migrante venezolana, quien narró el desagradable momento por el que pasó en la sede de Corabastos. “Ir hasta ese lugar es una humillación constante. Los vigilantes exigen el PEP y luego se demoran más de 20 minutos en confirmar no sé qué, luego me piden el pasaporte venezolano, y luego me dicen que los extranjeros no podemos entrar porque es una orden de la gerencia. Qué discriminación tan grande”, se quejó.

Lorena Rojas es abogada de profesión, con una especialidad en orientación de violencia sexual y de género. En Venezuela trabajó como fiscal del Ministerio Público durante seis años. Como una migrante más decidió buscar mejor calidad de vida lejos de su país. A la capital colombiana llegó el 22 de noviembre de 2019, y desde entonces ha salido adelante con un emprendimiento de venta de tequeños (deditos) y pasteles a domicilio.

“Corabastos me queda cerca de mi casa, y precisamente voy a ese centro a comprar todos los ingredientes porque allí me sale todo más económico. No puede ser que uno tenga que pasar por esto cuando somos consumidores igual que los colombianos. En Venezuela me atacaban porque firmé en contra del Gobierno de Hugo Chávez, y resulta que aquí me discriminan porque soy venezolana. Esto es inadmisible”, recalcó.  

Las restricciones en el ingreso de extranjeros a Corabastos no son nuevas, según confirmó Alexis Goatache, integrante de una ONG que pertenece a la plataforma Gran Acuerdo por Venezuela (GAV) de ayuda a los migrantes. “Esto comenzó el año pasado con la persecución de los vendedores venezolanos con la excusa de que no tenían PEP, no los dejaban trabajar allí. Luego de que el Gobierno dio la orden de la nueva emisión del PEP, esto continuó pero en menor medida, así que no es de extrañar que la prohibición sea una decisión administrativa, ya que según nos han informado la Policía es participe de estas acciones”, sostuvo.

Para brindarles asesorías legales, Goatache aseguró que solicitarán información en sus redes sociales para saber quién más ha sido víctima de estos hechos discriminatorios, y así canalizar una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo.

La situación continuaba igual este jueves, de acuerdo con el testimonio del venezolano Álvaro José Marín Ramírez, quien fue hasta el lugar a hacer mercado y no pudo entrar por ninguna de las puertas. “Presenté el PEP y me dijo el de seguridad que por órdenes internas no se permite el acceso a venezolanos. ¿Entonces para qué sirve el permiso si se supone que uno paga impuestos también,  y además uno es consumidor”, se preguntó con tono de molestia.  

Ante las quejas de estos ciudadanos se intentó contactar a José Gonzalo Romero, gerente de Corabastos, para que informara los detalles de esta orden relacionada con la entrada de los usuarios, pero no fue posible conseguirlo. Sin embargo, se conoció que desde el año pasado el personal de vigilancia debe seguir el lineamiento de solicitar a los extranjeros venezolanos el documento de identidad y el PEP, obligatoriamente para el ingreso.

Estas medidas restrictivas internas de este centro de abastecimiento de alimentos acarrean consecuencias sobre el derecho fundamental a la igualdad, porque directamente se discrimina a la población migrante venezolana, explicó el abogado Julián Solórzano, coordinador de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario.

“En este sentido se incurre en dos faltas graves: En primer lugar, una responsabilidad penal por discriminación. Y en segundo lugar en una vulneración al derecho fundamental al mínimo vital, de abastecerse de alimentos; y esto es susceptible a una acción de tutela”, apunta Solórzano quien recomendó a los afectados a realizar las denuncias en la  Personería o a través del correo: unirosario@opcionlegal.org o  También sugiere llamar a las líneas teléfonicas  de orientación y atención al migrante, de Acnur.

Por: Milagros Palomares @milapalomares