En pequeñas carpas improvisadas hechas con plásticos, cartón y cobijas, más de 180 migrantes venezolanos, entre ellos 36 niños y ocho mujeres embarazadas, llevan cuatro días aglomerados cerca del peaje Los Andes, a las afueras de Bogotá, clamando por un transporte que los traslade hasta la frontera con Venezuela.
Las condiciones sanitarias son críticas en el lugar, ya que formaron este precario campamento cerca de una estación de combustible y no cuentan con acceso a agua potable ni a baños. Además, por la cantidad de gente tampoco se cumple el distanciamiento social como medida de prevención para evitar la propagación de la covid-19.
“Practicamente estamos durmieron a la intemperie, pasando hambre y frío“, narró Miller Medina, uno de los venezolanos que se concentró en este sitio con su esposa y sus dos hijos luego de caminar más de 12 horas desde el centro de Bogotá.
“Somos un grupo de caminantes que salimos desde el Portal del Norte y llegamos hasta el peaje Los Andes, en Chía. Unas personas que supuestamente trabajan en Migración Colombia nos indicaron que nos iban a prestar un apoyo si reuníamos a una cantidad grande de personas para trasladarnos en buses hasta la frontera, y aquí estamos esperando”, agregó el migrante.
Según contó Medina, hay niños que tienen insolación porque han estado bajo el sol por periodos muy prolongados de tiempo. “De noche lloran por el malestar de domir en el suelo y aguantar frío”, dice este venezolano, consciente de que las condiciones actuales de su país no son las mejores, pero que aún así prefiere retornar que quedarse con su familia desamparado y sin empleo en Bogotá.
«Muchas personas quieren regresar a Venezuela porque dicen que allá tienen su casa y no los desalojarán, y debido a la pandemia decidieron retornar porque quieren reunirse nuevamente con sus familias».
Miller Medina, migrante venezolano buscando retornar
Hasta el lugar solo se han acercado miembros del Consejo Noruego de Refugiados, organización que pertenece al Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que reúne a las agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de cooperación internacional de carácter humanitario.
Dichas organizaciones no están de acuerdo con el retorno de esta población vulnerable a Venezuela, pues consideran que los riesgos a los que se enfrentan durante el traslado y la llegada a su país son mayores. Por eso se unieron para ofrecerles alojamiento por el tiempo que dure el aislamiento (hasta el 11 de mayo), así como un apoyo de alimentación y acompañamiento después de la salida del albergue.
De acuerdo con un diagnóstico preliminar que realizó el Consejo Noruego para Refugiados, en el lugar se encuentran 181 personas, que se clasificaron así: 111 hombres y 70 mujeres (8 de las cuales están embarazadas). Además, 34 de ellos son niños entre los 6 meses y los 12 años.
“Las personas obtenían el agua de una llave que se encontraba afuera de uno de los establecimientos comerciales que por la cuarentena están cerrados. Sin embargo, la propietaria de dicho lugar cerró el registro que les permitía proveerse de agua y los amenazó diciendo que si establecían una carpa frente a su establecimiento les echaría agua caliente. Las lluvias y el frío extremo en el lugar, junto con la libre circulación de la covid-19, se constituyen en amenazas inminentes para la salud y la vida de estas personas”, precisa el informe de la ONG.
En el mismo diagnóstico, el Consejo Noruego para Refugiados asegura que Migración Colombia ha manifiestado que no puede otorgar ningún tipo de apoyo y que las Alcaldías de Chía y Bogotá no han hecho presencia en el lugar. “La personería de Chía hizo una verificación de las condiciones, acompañada por un contingente de alrededor de 25 policías”, dicen.
La Fundación Movimiento Ciudadano de Chía ha contribuido con la visibilización de la situación ante la Alcaldía del municipio mediante la remisión de videos. Asimismo, ha brindado algunos refrigerios y agua para mitigar los riesgos a los que se enfrenta esta población.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
