Las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el gobierno de Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad, alertó Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional (CPI) ampliar sus investigaciones sobre el país suramericano.
El informe destaca las manifestaciones que ocurrieron justo del 21 al 25 de enero de 2019. Sólo en esos días, al menos 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en el contexto de las protestas, “todas por heridas de bala”. Y al menos 39 de estas personas “murieron a manos de las fuerzas de seguridad, o de terceros que actuaron con su consentimiento” durante las manifestaciones, prosiguió la organización de defensa de los derechos humanos.
En medio de las protestas de esos días, añadió Amnisita Internacional, “más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país e incluyeron niños y adolescentes”.
Algunos de ellos “fueron torturados previamente a su muerte”, añade al señalar que “el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”.
En el informe, recomienda a la CPI ampliar el examen preliminar que lleva a cabo desde 2018 incorporando el pico de represión de enero con el fin de “determinar la responsabilidad penal internacional de las autoridades al más alto nivel”.
*Con información de AFP
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
