Más de una hora duraron los agentes de la policía de Ibarra, una ciudad al norte de Ecuador, tratando de persuadir a Yordi Rafael Lozada de no matar a la mujer que había tomado como rehén. Su nombre era Diana Carolina Ramírez, tenía 22 años, dos hijos, cuatro meses de embarazo y era su ex pareja. Pero al final, en la noche del sábado 19 de enero, nadie logró impedir que el hombre asesinara a Diana en plena vía pública y ante los ojos de decenas de espectadores que registraron con sus celulares el sangriento hecho.
Este es el quinto feminicidio en lo que va del año en Ecuador. Sin embargo, la muerte de Diana rápidamente adquirió relevancia nacional por un detalle que poco tenía que ver con lo sucedido: Yordi, el asesino, era venezolano. Un día después del crimen, el presidente Lenín Moreno publicó en su cuenta de Twitter un comunicado con el que centró la atención pública en la nacionalidad del agresor, y anunció que por este hecho su gobierno tomaría medidas inmediatas para controlar la migración. “Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate (…) Les hemos abierto la puerta [a los venezolanos], pero no sacrificaremos la seguridad de nadie” advirtió el mandatario.
Las consecuencias de este duro mensaje no se hicieron esperar. Esa misma noche cientos de personas salieron a las calles y atacaron a los venezolanos que vivían en Ibarra, paso obligado para los migrantes que se dirigen al interior del país. Los sacaron de sus casas, hoteles, albergues y parques; les quemaron sus pertenencias; y los persiguieron hasta los límites de la ciudad. Algunos habitantes de la zona tuvieron gestos de solidaridad con los venezolanos agredidos, pero se vieron opacados en medio de la violencia colectiva. Según medios locales, la persecución se extendió unos días más y llegó hasta los aeropuertos y terminales de al menos otras cinco ciudades de Ecuador.
La tensión adquirió tal dimensión que el gobierno tuvo que hacer un llamado a la calma y reforzar el pie de fuerza de la policía para controlar la situación. Sin embargo, mantuvo en firme la decisión de endurecer su política migratoria. El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, anunció que de ahora en adelante los venezolanos que quieran entrar a Ecuador deberán presentar un certificado apostillado de antecedentes judiciales, y que se conformarán brigadas para controlar la situación legal de los migrantes. Además, afirmó que evalúan la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país.
No es la primera vez que Ecuador emite una orden como estas para endurecer sus normas de tránsito fronterizo. En agosto del año pasado, el gobierno de Moreno empezó a exigir a los venezolanos el pasaporte en la frontera, pero menos de una semana después una corte derogó esta medida argumentando que iba en contra del derecho de las personas a emigrar.
Cada país tiene derecho a definir su política migratoria, pero al hacerlo en este contexto, el presidente Moreno estigmatizó a toda una población y avivó la xenofobia oculta en un país que ha recibido cerca de 300.000 migrantes venezolanos. “El gobierno consiguió instalar en la opinión pública la imagen de que la migración venezolana está relacionada con la criminalidad”, dijo Daniela Salazar, abogada y vicedecana del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de Quito. Y agregó: “sorprende que el Presidente reaccione frente a este feminicidio cometido por un ciudadano venezolano, y no reaccione frente a los otros cientos que ocurren en Ecuador”.
La violencia de género es un tema sensible para los ecuatorianos. Según la Red Nacional de Casas de Acogida, en 2018 hubo 75 feminicidios en este país, es decir, un asesinato cada tres días. En los últimos cuatro años, 587 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia; 64 por ciento de ellas tenían entre 14 y 36 años.
El movimiento feminista en Ecuador, con la fuerza del Me Too y otros movimientos como la Marea Verde en Argentina, ha posicionado el tema en la agenda política del país. Pero su auge mediático no ha sido suficiente para que el gobierno le dé dientes a una ley de prevención a la violencia de género. Para Gioconda Herrera, experta en género y migración de FLACSO Ecuador, “el Estado trató de ocultar los largos años en los que le ha dado las espaldas a las demandas y denuncias de las mujeres con un discurso que, en lugar de promover seguridad, provoca y legitima más violencia”.
«Ahora, además del problema estructural de violencia contra las mujeres, tenemos el problema de la xenofobia. Y tanto el machismo como la xenofobia, matan.»
Daniela Salazar
Abogada yvicedecana del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de Quito
Los nuevos controles migratorios pueden no traer los efectos que espera el gobierno. Ya quedó demostrado cómo el solo hecho de que el gobierno mostrara una postura poco flexible a la migración, lejos de solucionar el problema, generó una oleada de violencia igualmente condenable al asesinato. Pero, además, si Ecuador tiene la intención final de promover una migración ordenada, no es la salida exigir un certificado de antecedentes penales difícil de conseguir para la gran mayoría de venezolanos que huyen de su país.
Al final, los migrantes seguirán intentando entrar al país, así sea a través de rutas irregulares de acceso, con el enorme riesgo de caer en redes de trata de personas. El Estado, por su parte, tendrá que invertir cada vez más recursos para controlar un flujo migratorio ya desbordante.
Según el presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, al menos 82 venezolanos fueron víctimas de agresiones xenofóbicas en distintas ciudades de Ecuador. | © Edu León
Este asunto preocupa porque los discursos antiinmigración ganan cada vez más popularidad a nivel global. El mejor ejemplo es Donald Trump. El mandatario criminaliza constantemente a los inmigrantes y ha generado el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos por insistir en construir un muro en la frontera con México. En América Latina, aunque Jair Bolsonaro no ha hablado directamente contra la migración, como nuevo presidente de Brasil decidió retirar a su país del Pacto Mundial para la Migración de la ONU.
Y en Colombia, las condiciones parecen dadas para que algunos líderes adopten estos discursos en pleno año electoral. Primero, porque resulta más fácil encontrar enemigos externos para culparlos de los problemas internos del país, y, segundo, porque hay un ambiente de inconformismo en el que es más sencillo conseguir adeptos mediante peligrosas posiciones radicales. Así lo advierte Tomás Milton Muñoz, experto en política migratoria de la Unam: “Algunos sectores importantes en los países receptores no se sienten beneficiados con las supuestas bondades de la migración. Por el contrario, se sienten abandonados por los países e instituciones y son los primeros en buscar líderes con estos mensajes”.
Este artículo fue publicado en la edición no. 1917 de la Revista Semana.
Por: Juliana Peña @Julianapg
