Con tanta intensidad como rapidez, Colombia ha experimentado un drástico cambio en su matriz migratoria, que era esencialmente emigratoria por la movilidad masiva. El país se transformó en uno de los principales destinos de la región, debido en gran parte a la diáspora venezolana.

Es comprensible que un fenómeno de esta dimensión despierte una serie de aprensiones y preguntas sobre las consecuencias, así como una demanda de la ciudadanía por prontas respuestas de sus autoridades políticas y, claro, la urgencia de estas por proporcionarlas.

Frente a lo anterior, pareciera evidente la necesidad de una nueva ley. Es importante que quienes están llamados a tomar decisiones políticas en la materia comprendan que se encuentran ante una situación en la que la perplejidad debe dar lugar a una conciencia profunda y compleja. No solo para un tratamiento adecuado, sino para aprovechar la enorme oportunidad de este desafío para Colombia.

En el caso de Chile, el abrupto crecimiento de sus flujos inmigratorios observado desde la última década del siglo XX demostró la insuficiencia de su legislación e institucionalidad —las más antiguas del continente y los últimos vestigios de la doctrina de seguridad nacional que uniformó las normas de extranjería de gran parte de las dictaduras de los años 70 para procurar respuestas—.

Recientemente, se aprobó en su primer trámite constitucional el proyecto de una nueva ley de Migración y Extranjería, que busca remediar esta obsolescencia normativa. Este considera, por ejemplo, el establecimiento de la visa consular como única vía para obtener residencia regular y acerca a los extranjeros a las mismas condiciones de los chilenos en el derecho a salud y educación, con independencia de su situación migratoria.

Desde el punto de vista institucional, se crearía un nuevo sistema que considera el establecimiento de un Consejo Interministerial de Política Migratoria —como colaborador en la formulación— y un Servicio Nacional de Migraciones —como ejecutor y ente encargado de gestionar permisos y de difundir y promover los derechos y obligaciones de los migrantes—. Además, se instauraría un Registro Nacional de Extranjeros y se incluirían cambios en el sistema sancionatorio.

Lo que podría parecer la solución definitiva a este déficit ha revelado importantes vacíos, que se desprenden del carácter multidimensional y multifactorial de una realidad transversal en el tejido social. Respuestas legislativas como las estudiadas en Chile no alcanzan a cubrir y comprometen severamente el resultado esperado.

A partir de esa experiencia y en el marco del proceso de revisión de la normativa e institucionalidad migratoria que amplios sectores demandan para Colombia, conviene compartir sugerencias:

-La migración debe ser política de Estado: los efectos de los objetivos, principios y normativas migratorias exceden la temporalidad del mandato de los gobiernos que los plantean, establecen y dictan. Deben gestionarse mecanismos de definición, implementación y evaluación que así lo consideren.

-La migración no es solo lo que ocurre en la frontera: si el foco de la legislación e institucionalidad está circunscrito únicamente a esta zona, es imposible incidir en causas, formatos migratorios y efectos de la inmigración en la sociedad de acogida. Las condiciones administrativas de ingreso, permanencia y salida de los extranjeros son elementos imprescindibles de un marco jurídico migratorio, pero no lo agota. Hay que considerar instrumentos de cooperación internacional a fin de atender el carácter integral de la migración.

Yerra quien piensa que una ley migratoria debe reducirse a controlar la migración. Esta debería, además, atraer migración con competencias y calificaciones para acciones productivas y culturales en Colombia. Por ende, reemplazar el carácter pasivo del Estado por uno que impulse la movilidad humana, clave para el desarrollo.

-Cuidarse de “venezolanizar” la nueva ley e institucionalidad: los impactos de este caso son urgentes e importantes porque estarán presentes mucho tiempo. La migración tiene siempre un curso dinámico, por lo que la legislación e institucionalidad que se discuten hoy deben apuntar a un Estado con capacidad de enfrentar el contexto actual y futuro.

-Considerar un trabajo prelegislativo del proyecto de ley: la ineficacia de reformas migratorias como la chilena se origina en la desatención del importante aporte de la academia, los gobiernos locales, las organizaciones de migrantes, las entidades de derechos humanos y los interlocutores sociales como vecinos, trabajadores, empresarios y educadores, que permiten llegar a proyectos de ley pertinentes. El contacto con la realidad migratoria otorga lo que ni la propia tramitación en el Congreso puede suplir.

-La reforma será institucional o no será reforma: la institucionalidad es la que finalmente hace viable dicha normativa, más allá de los derechos, obligaciones, procedimientos y sanciones que una ley pueda consagrar. Es fundamental asegurarse de fijar las facultades, atribuciones, competencias y, sobre todo, responsabilidades para una gestión eficaz de la migración.

Es recomendable demandarles el tiempo y la prudencia que se necesiten a quienes deciden por todos, para que le proporcionen a Colombia una buena legislación migratoria —antes que una pronta—. En lo urgente, es meritorio el resultado de la gestión de la contingencia migratoria desarrollado a través de la Gerencia de Frontera para Venezuela. Debe darse un reforzamiento de los recursos a su disposición y de la colaboración con otros organismos de la administración. Asimismo, parece imperativo emprender un proceso de modernización de Migración Colombia para enfrentar una realidad muy distinta a la que había cuando se definió su estructura.

En lo permanente, es imprescindible convocar una instancia político-técnica de carácter intersectorial que —con plazos y objetivos definidos— recabe en los más amplios sectores sociales, académicos y administrativos lo esencial para una nueva ley colombiana de migraciones. Más que un procedimiento para administrarla, debe proporcionar una normativa e institucionalidad basadas en lo que el país necesita. Objetivos sociales, económicos y culturales propios que sirvan para el proyecto de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso.

Algunos de quienes estamos atentos desde afuera a la realidad colombiana pensamos que la capacidad de esta querida nación para superar la adversidad en torno a consensos nacionales es una de las más destacadas. Los desafíos que impone la migración actual son una nueva oportunidad para dar lecciones en el mundo de ese envidiable atributo nacional.

*Consultor senior del Instituto de Estudios Migratorios y Paz.  Exdirector del Departamento de Extranjería y Migración Chile (2014-2017).
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Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela