Vicky es una mujer migrante, trans y trabajadora sexual que vive en Barranquilla. Todos los días sale de casa con el miedo de encontrarse de frente con la violencia que acecha a la comunidad LGBTI.
En su mente aparece una amiga suya, Patricia Dumon, otra mujer trans venezolana que fue asesinada el pasado 18 de agosto en el sector Mamatoco, en Santa Marta.
En un suceso aún sin esclarecer, Dumon fue contactada por un hombre que requería de sus servicios sexuales. Al día siguiente, apareció sin signos vitales, con un disparo en la mandíbula y tirada en un lote baldío del sector costeño.
Este trágico hecho fue uno de los 41 que contabiliza la comunidad LGBTI migrante en lo que va de 2020. Según la ONG Caribe Afirmativo, que lucha por los derechos humanos de estas personas, estas violencias se dan por el solo hecho de ser migrante y LGBTI.
Vicky, quien pidió la reserva de su verdadera identidad, le contó al Proyecto Migración Venezuela que durante el tiempo que lleva en Colombia (4 años) no se había sentido tan discriminada como ahora. Su jornada siempre es la misma: a las 10 de la mañana, sale del hotel pagadiario en donde vive para volver en horas de la noche. Junto a otras mujeres trans, ella trabaja en las calles del centro histórico de Barranquilla.
“He sido víctima de discriminación, especialmente de colombianos que van por la calle y que me gritan o insultan. Con varias compañeras he intentado denunciar algunos hechos, pero siento que nuestras voces a veces no son escuchadas”, dice esta mujer de 25 años. Lamenta que la pandemia haya hecho las cosas más difíciles para la comunidad LGBTI. Sin embargo, espera irse a vivir a Bogotá en enero próximo, una ciudad que considera que será más amigable para las mujeres transexuales.
«En muchas ocasiones soy discriminada por ser venezolana, otras veces por ser trans y por mi trabajo. La situación muchas veces es verdaderamente difícil.»
Vicky, trabajadora sexual.
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, el caso de Patricia es el reflejo de la falta de atención oportuna para los migrantes de la comunidad LGBTI. “Ella había tenido muchas amenazas… el día de su muerte había tocado muchas puertas por ayuda”, denunció.
Ser migrante y LGBTI, añade el director, es la unión de dos realidades muy duras en Colombia, ya que la mayoría de estas personas sufren el doble de rechazo y estigmatización.
En relación con el homicidio de Patricia Dumon, Sandra Vallejos, secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santa Marta, dijo que existen compromisos del ente que representa, además de la Secretaría de Promoción Social, Policía Nacional y Derechos Humanos, para ejercer una protección especial a esta población y coadyuvar con las diferentes actividades en el tema de inclusión social.
«En los últimos meses hemos visto una constante de violencia en las personas LGBTI de origen venezolano que han llegado a Colombia, ahí se entrecruza la violencia homófona o prejuiciosa con la xenofobia»
Wilson Castañeda, director de caribe afirmativo.
Un reciente informe de Caribe Afirmativo, titulado “Sobre violencias a personas venezolanas LGBTI en situación de movilidad humana”, destaca que a corte del 20 de agosto han ocurrido 41 hechos de violencia contra esta población en el país durante el año en curso. Los dos departamentos que lideran la estadística son Antioquia, con 13 casos; y Nariño, con siete. También se revela que entre 2018 y 2020 se han registrado 83 casos de violencia contra personas LGBTI, siendo el más común la violencia sexual, con 18 casos.
Sin embargo, la ONG reconoce en el mismo documento que hay un subregistro. Son muchos los casos sin reportar, tres de las principales razones son: no acceso a la justicia, miedo a represalias y temor a visibilizar la orientación sexual.
“A pesar de que Colombia tiene muy buena legislación en el tema de igualdad es necesario pasar esas leyes a la práctica”, recomendó el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda.
La ONG denunció, igualmente, la existencia de agresiones policiales contra la comunidad LGBTI migrante. De acuerdo con el informe, estas van desde agresión verbal, física, sexual, negación en el acceso a la justicia, discriminación sexual, detención irregular, deportación irregular, amenazas y persecución. “Estas en gran medida van relacionadas con la instrumentalización de la situación migratoria irregular de las personas venezolanas LGBTI migrantes y refugiadas“, puntualiza el informe.
La clave para mitigar la violencia contra estas personas — propuso Castañeda — no solo es el acceso a los derechos, sino también capacitar a los funcionarios públicos en materia de derechos humanos. “Los grandes avances en materia LGBTI que se implementan en las grandes ciudades deben llegar a todo el país, en especial a las zonas de frontera”, concluyó.
Por: Daniel José Galvis @danielgalvisj
