El 16 de marzo comienza el segundo periodo de la primera legislatura preocupada por la reforma fiscal, la reforma a la justicia, la reforma política y los proyectos anticorrupción entre otros temas. En esta agenda legislativa sorprende la poca importancia dada al reciente proyecto de ley migratoria radicado por la senadora Emma Claudia Castellanos, como si no fuera un tema nacional urgente.

El año pasado, el Gobierno trabajó en un documento Conpes (3950) referido al tema, primer paso para avanzar en la formulación de una política migratoria integral. Dos problemas principales se derivan de este texto: se queda corto en la asignación de recursos al estipular 422.779 millones de pesos, cuando el costo fiscal estimado según el Banco Mundial (2018) es de más de dos billones y medio —además de no incluir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público— y solo tiene vigencia hasta 2021. Es necesario señalar que el Gobierno ha recurrido a los recursos de la cooperación internacional para financiar los costos de la migración.

Colombia cuenta con una Ley de Sistema Nacional de Migraciones (SNM) de 2011 y una Ley de Retorno de 2012, claramente insuficientes para la coyuntura de la migración desde Venezuela. Se vio reflejado desde el momento de la crisis fronteriza con ese país, en agosto de 2015, en la que se declaró el estado de emergencia. A partir de ahí, la multiplicidad de circulares, resoluciones y decretos emitidos sobre el tema han impedido que haya rutas de acción claras para los migrantes, a lo que se suma la poca o nula formación de muchos funcionarios públicos en este tipo de atención. Surge la necesidad de unificar todo en una sola ley.

Colombia se enfrenta a un reto mayor: la elaboración de una ley migratoria que cumpla con las obligaciones del Estado en materia de derecho internacional y respetuosa de los derechos de los migrantes. Es necesario que el Gobierno y el Congreso prioricen el tema sin que este se reduzca a la migración venezolana pues, a pesar de ser prioritario, se han invisibilizado otros flujos como el de la frontera con Panamá, en el que no hay un registro de los migrantes que han fallecido tratando de cruzarla en su ruta hacia el norte.

La ley migratoria debe contar con la participación de la ciudadanía e incluir no solo a inmigrantes y retornados, sino a los más de 5 millones de colombianos en el exterior que han sufrido de un abandono por parte del Estado —no por el envío de remesas que sigue aumentando año tras año—.

Además, se requiere un enfoque diferencial en la política, en especial para las comunidades indígenas consideradas migrantes, algunas binacionales, que encuentran barreras para acceder a sus derechos básicos. Otros asuntos a tener en cuenta son el enfoque de género, la apatridia, la protección internacional, las vías de regularización de los inmigrantes, el retorno de colombianos y en particular el de las víctimas en el exterior, entre otros. Lo anterior en coordinación con las entidades y ministerios implicados y en constante diálogo con municipios y comunidades receptoras de migrantes, que conocen de primera mano sus necesidades.

El proyecto de ley migratoria radicado avanza en algunos temas, pero se queda corto en otros. Este debe ser ampliamente difundido entre inmigrantes y colombianos en el exterior para su deliberación y la consecución de una ley migratoria vinculante con una asignación de recursos acorde y que responda a las peticiones de los migrantes.

*Candidata a doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

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Por: Stephanie López Villamil stephlomig