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La externalización del control migratorio



Por: Mauricio Palma
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Todo apunta a que la respuesta al fenómeno migratorio desde Venezuela se seguirá endureciendo en Suramérica durante 2020. El tono y las acciones de las autoridades y de sectores de la sociedad civil en los países que más migrantes han recibido se han ido desligando de la solidaridad de su respuesta inicial. 

Con ello, la ‘externalización del control migratorio’ se ha vuelto una práctica común entre los gobiernos de la región, cuyas consecuencias en Colombia apenas se comienzan a sentir.

Ya desde la segunda mitad de 2019, la exigencia de visas y otros requisitos de diferente índole se convirtió en un impedimento mayor para el ingreso regular de miles de personas en tránsito o con destino a países como Chile, Perú y Ecuador. 

Esto ha tenido un efecto humanitario negativo. Amnistía Internacional sostiene en un reporte reciente que estas prácticas ya habrían conducido a que el derecho de cientos de personas a solicitar asilo haya sido vulnerado de manera colectiva. Además, hay indicios del aumento de las extorsiones para pasar por trochas y del tráfico de migrantes a lo largo de las fronteras colombo-ecuatoriana y peruano-ecuatoriana.

Pero más allá de la situación humanitaria, esto conlleva también consecuencias para la política regional. La geografía juega un rol particularmente importante, al impactar directamente en cómo los gobiernos suramericanos gestionan el asunto migratorio. De hecho, las particularidades geográficas permiten a algunos países tomar medidas para descargar algunas de sus responsabilidades sobre los migrantes.

Lo anterior se ve puntualmente en países receptores que no comparten frontera con Venezuela. Allí, las visas permiten transferir tácitamente la responsabilidad en la gestión migratoria a un tercer Estado, por donde los migrantes han transitado y buscan entrar a su territorio. 

El fenómeno ha sido denominado por los especialistas como externalización del control migratorio y se ha estudiado en casos como en los flujos de personas en camino a Europa por el Mediterráneo.

Esta práctica se encuentra en principio amparada en el derecho internacional. Una visa es una manifestación de la potestad soberana de los Estados. Sin embargo, su legalidad no le excluye de ser un instrumento político, que permite a estos países liberar cargas políticas internas y aumentar su capacidad de negociación hacia sus vecinos.

Volviendo a la geografía de la región, una vez la exigencia de visa se hizo efectiva en Chile, el efecto fue la externalización del control hacia sus vecinos del norte. Con el tiempo, Perú comenzó a solicitar también un visado, lo que provocó que la responsabilidad del control se desplazara a Ecuador. Más recientemente, el gobierno de este país decidió imponer su propia visa, con lo que el testigo de la responsabilidad sobre el control pasó a Colombia.

Así, la presión política para el gobierno colombiano tiende a aumentar, no solo por el incremento adicional de personas que, como se podría intuir, se podrían quedar en el país. Sobre esto, la evidencia es por ahora débil. Las salidas de personas por la frontera sur se mantienen, si bien con un creciente número de pasos irregulares. 

Volviendo al punto, la carga política tiende a aumentar sobre todo porque se reduce la capacidad de negociación del gobierno colombiano tanto frente a sus vecinos como de cara a la Comunidad Internacional, atenta a que se mantenga una respuesta humanitaria eficiente.

Por ejemplo, en el marco del ‘Proceso de Quito’ –del cual poco se ha oído en lo que va del año-, se dificulta la negociación de mecanismos regionales como la ‘Tarjeta de Movilidad Migratoria’, anunciada algunos meses atrás y que se expediría de manera conjunta por los países de la región. Colombia, como principal receptor de migrantes, cuenta en su desarrollo con especial interés. 

El instrumento servirá en teoría para distribuir responsabilidades y cargas entre los países de la región. Sin embargo, los países que ya exigen visas difícilmente modificarán sus requerimientos, impuestos de manera soberana, en pro de un mecanismo intergubernamental sobre el cual tendrían un control limitado.  

Por otra parte, la Comunidad Internacional, atenta a los desarrollos en el sur del continente, ha venido reforzando su atención sobre la continuidad de la respuesta con orientación humanitaria en Colombia. 

Esto incrementa la presión para dar pronta y efectiva respuesta a fenómenos en crecimiento sostenido como la xenofobia, tanto por las consecuencias a todas luces negativas para el proceso interno, como por la necesidad de mantener apoyos políticos y económicos internacionales.

En cualquier caso, esto no significa que el gobierno colombiano deba o tenga una justificación para endurecer sus medidas de control para el ingreso de personas provenientes de Venezuela. En esto hay que saber diferenciar la necesidad de organizar y gestionar los procedimientos de ingreso y permanencia en el país, de mecanismos de exclusión del territorio de aquellos que necesitan el apoyo del Estado colombiano. 

Más aun, la externalización del control migratorio de los países del sur del continente es un reto para la diplomacia colombiana en pro de mantener y profundizar la respuesta al fenómeno migratorio.

En el exterior, sobre todo a nivel extra regional, la respuesta colombiana frente al fenómeno migratorio desde Venezuela es vista como un modelo de gestión humanitaria. Esto da cuenta de un cierto prestigio acumulado que, a la larga, se constituye en una herramienta útil y necesaria para mantener el apoyo de gobiernos y organizaciones en la respuesta al fenómeno migratorio.

Sin embargo, el gran reto viene ahora en torno al contexto suramericano, para mantener el alineamiento inicial percibido en foros como el Proceso de Quito. La estrategia de negociación colombiana debe estar atenta a los cambios en el ánimo político y técnico de sus pares regionales, para así poder sobrellevar las responsabilidades adicionales de la externalización del control.

Al final, el asunto requiere de una inmensa habilidad política. Pero en su construcción, el principio rector debe centrarse en que la respuesta humanitaria además de ser la más eficiente es, ante todo, la correcta.






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