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¿Las autoridades colombianas podrían quitarme a mis hijos?

Por: Proyecto Migración Venezuela
marzo 02 de 2019

En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no le quita los niños a sus familias por motivos como la nacionalidad de los padres, pero sí puede hacerlo cuando los maltratan o vulneran sus derechos.

El ICBF tiene la responsabilidad de hacer respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país, sin importar su origen o nacionalidad. Una de sus funciones es asegurar el bienestar de los niños y brindarles entornos protectores cuando los padres de familia o cuidadores no garantizan sus derechos.

En Colombia, la ley y las autoridades promueven que todo niño, niña o adolescente esté a cargo de sus padres, y que sean ellos quienes asuman su cuidado y garanticen su desarrollo integral. Es decir, se espera que los padres sean quienes críen, eduquen, orienten y dirijan a sus hijos. En algunos casos, los niños colombianos y venezolanos no están a cargo de sus padres sino de abuelos u otros familiares que hacen las veces de sus tutores.

El ICBF cuenta con unos defensores de familia que, cuando se identifica una situación de riesgo o amenaza para los menores de edad, son los encargados de abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Con esta serie de acciones se busca identificar el riesgo o la situación que pone en peligro al niño y encontrar la manera de restituir sus derechos.

Los defensores de familia pueden tomar la decisión de retirar a los niños de su entorno familiar. Esa medida va acompañada por un proceso de atención que responda a las particularidades y necesidades tanto del niño como de su familia.

Las razones que puedan hacer que el ICBF retire a un niño de su familia están contempladas en la ley colombiana. El Código Civil Colombiano habla de cuatro razones que pueden hacer perder la custodia a los padres:

- El maltrato habitual

- El abandono

- La incapacidad de ejercer la patria potestad

- Cuando el padre es condenado a cárcel por un delito


La explotación laboral de los niños, usarlos para pedir dinero o permanecer en la calle con ellos son situaciones que afectan los derechos de los menores, en las que pueden intervenir las autoridades como el ICBF o la Policía de Infancia y Adolescencia.

Sin importar la nacionalidad de las familias, el ICBF analiza cada caso de forma individual. En estos procesos se tiene en cuenta el contexto familiar y las causas que pueden poner en riesgo a los niños.

 

 






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