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La xenofobia en el Paro Nacional del 2021



Por: Juan Pablo Rangel
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Se hace evidente en las noticias, en las conversaciones cotidianas, en las calles de las ciudades principales del país: está tomando fuerza la idea de que los migrantes venezolanos son los hostigadores de las marchas y que ocasionaron desmanes a bienes públicos y establecimientos comerciales durante el Paro Nacional.

 

Pasó lo mismo en el paro de noviembre de 2019, cuando circuló en redes sociales información sobre venezolanos irrumpiendo en conjuntos residenciales durante el toque de queda de la noche del 22 de noviembre en Bogotá, algo que rápidamente fue desmentido por la Alcaldía Distrital.

 

En el afán por entender un estallido social donde se busca individualizar responsables, se forma un río revuelto de información en el que se elevan narrativas con generalizaciones que no están acompañadas por información confirmada en el plano de la investigación y el debido proceso, pero que afectan de manera directa a los migrantes en el país.  

 

Esta narrativa contrafactual tiene fuertes consecuencias para los migrantes y colombianos retornados, ya que refuerza los estereotipos alrededor de ellos como los culpables de alterar la seguridad en las ciudades e impide su integración a la dinámica social del país. Eso los condena a vivir de manera marginada en ciudades que no los acoge como parte integral de las comunidades.

 

La radiografía es dramática. Según la encuesta de percepción realizada en mayo por la firma Guarumo, el 32% de los colombianos responsabiliza a extranjeros infiltrados de ser los causantes del vandalismo en las movilizaciones. Por si fuera poco, un 70% desaprueba que el gobierno colombiano entregue permisos de protección temporal por 10 años a los venezolanos que están indocumentados en Colombia, de acuerdo con la encuesta Invamer Poll de junio.

 

Del otro lado de la historia están los migrantes venezolanos y sus enormes dificultades para hacerse a mayores niveles de bienestar en Colombia, que ya eran difíciles antes de la pandemia, y que se agravan debido a la lenta recuperación económica por cuenta de los cierres intermitentes de las actividades comerciales. 

 

Según el Proyecto Migración Venezuela, el 61.7% de los hogares migrantes manifestaron dificultades por el aislamiento preventivo obligatorio, la mayoría relacionados con la generación de ingresos (79.6%), acceso a alimentos (14.1%), y desalojo (4.3%). A eso se suma el componente de discriminación por parte de empleadores que nace de los estereotipos hacia los migrantes, y que hace aún más difícil su inclusión económica.

 

De nada sirve promover políticas de atención a población migrante si eso no está acompañado de una reflexión sobre los efectos que puede traer el rechazo de los migrantes en la sociedad colombiana. La primera acción afirmativa para la inclusión social y económica de migrantes y retornados en el país debe ser la de no estigmatizar a las personas según su nacionalidad, mucho menos en un contexto de información incierta como el que estamos viviendo.

 

Los anuncios públicos que señalan a la población migrante venezolana no solo afectan los imaginarios que se tiene sobre ella, sino que alienta la idea errónea de que lo mejor sería si no estuvieran en el país, al estilo del enemigo común que se convierte en chivo expiatorio, cuando un grueso de ellos se han establecido aquí de manera permanente con el ánimo de mejorar sus condiciones de vida.

 

En ese sentido, el llamado a las autoridades públicas es de individualizar responsabilidades en los actos vandálicos y evitar las generalizaciones que puedan incidir en los imaginarios sobre la población migrante, así como las narrativas que responsabilizan de manera indiscriminada a grupos poblacionales particulares por los problemas del país.

 

 


* Juan Pablo Rangel es investigador de la Fundación Ideas para la Paz


 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.


 






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