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La migración venezolana en presencia del covid-19



Por: Anitza Freitez
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En los últimos cinco años se registró un crecimiento enorme de la afluencia migratoria de venezolanos, la mayoría de ellos forzados a traspasar nuestras fronteras huyendo de la profunda crisis que enfrentamos en Venezuela en todos los órdenes económico, social, político e institucional. Una crisis que se refleja en la acumulación de situaciones de deterioro profundo en los procesos productivos (la actividad económica se redujo a menos de la mitad en el último quinquenio), la destrucción de la capacidad adquisitiva por efectos de la hiperinflación lo cual redundó en un empobrecimiento generalizado de la población (90% de los hogares percibían ingresos por debajo de la línea de pobreza y 50% de los hogares se categorizaban como pobres según el método de pobreza multidimensional que considera además de los ingresos otras variables relacionadas con el empleo, la seguridad social, los servicios a las viviendas, la educación y la salud),  el detrimento en la prestación de servicios básicos, aumento de las deficiencias nutricionales y de la inseguridad alimentaria.

Toda esa combinación de factores, en un país inmerso en un severo proceso de desinstitucionalización y de incapacidad del sector gubernamental para ofrecer respuestas efectivas al cuadro de crisis, configuraron un contexto de enorme adversidad donde se limitaban las garantías para el ejercicio de derechos fundamentales, incluido el derecho a la salud y a la vida (con base a la encuesta nacional de condiciones de vida se ha estimado que Venezuela ha perdido 3,5 años en la esperanza de vida, y la mortalidad infantil ha repuntado a los niveles que teníamos 25 años atrás).

Esa afluencia reciente de migrantes venezolanos sabemos que se dirigió fundamentalmente a países latinoamericanos generándose una crisis migratoria sin precedentes en la región. La salida de población efectivamente sirvió para aliviar en alguna medida la crisis venezolana (ello fue reconocido por el propio Presidente Maduro, quien todo el tiempo ha buscado sacar rédito político al tema migratorio y cambia el discurso según resulte más conveniente), por un lado porque bajó la presión sobre el mercado laboral y sobre la demanda de bienes y servicios esenciales cuyo niveles de escasez eran considerables. Por otro lado la percepción de remesas, principalmente en hogares pobres, permitió reactivar lentamente la capacidad de compra.  Todo ello ayuda a explicar por qué no hubo un estallido social en 2018 o a comienzos de 2019 cuando además se produjo un apagón en casi todo el país con los efectos ya conocidos.

Las respuestas de los países receptores de la migración venezolana fueron diversas, pero en forma global puede decirse que los principales destinos se fueron saturando y las disposiciones para el ingreso y permanencia se fueron haciendo más restrictivas. En ese contexto de restricciones desde los lugares de destino y con la persistencia de una crisis agravada por la disminución de  los ingresos relacionados con la caída de los precios del petróleo, se visualizaba que la presión migratoria podía persistir pero que efectivamente los flujos disminuirían de intensidad en alguna medida, probablemente concentrándose más en procesos de reagrupación familiar y en movimientos a través de espacios fronterizos no controlados.

Ese escenario cambia considerablemente con la introducción inesperada de un nuevo factor: el surgimiento de la pandemia ocasionada por el covid-19, la cual ha significado la aplicación de medidas de confinamiento y de cierres de fronteras de modo que, por el momento, la movilidad podría estar más restringida.

En el contexto que tenemos es bastante difícil hacer pronósticos sobre las respuestas migratorias de la población venezolana. En primer lugar porque persiste la opacidad y el control absoluto de la  difusión de información por parte del gobierno nacional relacionada con la evolución de la morbi-mortalidad por el covid-19. Hasta diciembre conocíamos de la precaria situación de los hospitales según los resultados de la segunda encuesta de hospitales (fallas de dotación de insumos y medicamentos, inoperatividad de servicios, falta de especialistas, etc.). Ahora el gobierno nacional nos presenta una radiografía poco creíble de las capacidades instaladas en los diferentes niveles de atención del sistema de salud, señalando que tenemos más de 1000 UCI y 46 hospitales centinelas (la mayoría de los cuales corresponden a los mismos hospitales participantes en la encuesta mencionada), pero no muestran las imágenes al día de hoy de cuán preparados y dotados se encuentran esos hospitales centinelas para atender la emergencia, crear confianza y credibilidad.

Se puede pensar que de alguna manera se conoce la vulnerabilidad del sistema de salud y de la precariedad de la situación sanitaria en el caso venezolano, por tanto, más allá de la efectividad de las medidas de cuarentena según los resultados que se han observado en otros países, aquí no ha quedado otra opción que aferrarse fuertemente a la implementación de estas medidas de confinamiento en todo el país con el apoyo de los cuerpos de seguridad, milicias  y las diferentes organizaciones del  poder popular que ya existen (consejos comunales, CLAP, jefes territoriales, etc.).

En un escenario de evolución exponencial de la enfermedad pudiera ser que la predisposición migratoria resurja, pero creemos que esta podría hacerse efectiva solamente en la medida que la gente perciba que en los países vecinos podría encontrar mayores probabilidades de sobrevivencia. En ese caso, si las fronteras permanecen cerradas se podrían registrar movimientos no controlados con todos los perjuicios y riesgos a los cuales podrían exponerse las personas migrantes.

En el plano económico hay algunos aspectos cuyos efectos habría que ir visualizando. Por una parte la reducción de las transferencias desde el exterior en los hogares perceptores debido a incremento del desempleo entre los migrantes, especialmente entre quienes estaban ocupados en actividades informales, y debido a la propia contracción económica global que va a afectar a las economías nacionales. Ello ocasionará nuevamente cierta caída en los ingresos de casi una quinta parte de hogares perceptores, hecho que tendría lugar además en un contexto interno donde también hay claras señales de un agravamiento de la situación económica.

¿Cuáles son las respuestas de política pública? ¿Decretar la continuidad de la inamovilidad laboral (una medida que lleva en vigencia más de una década y cuyo significado se ha perdido) en un país donde casi la mitad de la fuerza de trabajo se ocupa en actividades informales? Para compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores informales  el gobierno nacional ofrece cancelar el Bono de la Patria durante el mes de abril a 6 millones de trabajadores informales, pago que se haría efectivo a través del Carnet de la Patria. No se conoce mucho de los montos que serán cancelados, seguramente no excederán el equivalente al salario mínimo, el cual no supera los 5 dólares. Eso equivale al monto requerido para comprar cinco kilos de harina de maíz precocido utilizada para hacer las arepas.

Por otra parte hay anuncios de un plan especial de inversión para fortalecer cadenas productivas de rubros estratégicos particularmente en el sector agroalimentario. Al respecto, no hay claridad sobre cómo el gobierno nacional va a financiar ese tipo de medidas que suponen un incremento del gasto público en un escenario de caída de los ingresos por la baja de precios del petróleo, la empresa estatal prácticamente quebrada, por las restricciones que se enfrentan de acceso al endeudamiento externo asociadas a la crisis política-institucional, la situación de ilegitimidad del gobierno, etc., etc.

El cuadro descrito tendrá efectos sobre las respuestas migratorias que la población venezolana registrará en los próximos meses, la cual deberá ser monitoreada en la medida que podamos acceder a información de diversas fuentes que ayuden a dar cuenta de estos procesos.
 

Anitza Freitez es doctora en demografía, directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, y coordinadora del Observatorio Venezolano de Migración.


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial del Proyecto Migración Venezuela.







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