Un proyecto de:


La odisea de una abogada venezolana para convalidar su título en Colombia

La odisea de una abogada venezolana para convalidar su título en Colombia

Corina participó con su familia en las marchas del 23 de enero para exigir una transición democrática en Venezuela. | Por: MIGUEL GALEZZO / PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA




Por: Sara Prada @pradasaraca

febrero 01 de 2019

El 8 de agosto de 2015 Corina Torres, su esposo y su hija llegaron a Bogotá. Salieron de Mérida, Venezuela, hasta Cúcuta, Colombia, y ahí tomaron un vuelo para viajar a Bogotá. Después de muchas dudas acerca de la idea de salir de su país, esta familia de colombo-venezolanos se embarcó en un viaje que al principio parecía temporal, pero que por ahora parece ser definitivo.

A ella, una abogada con más de 13 años de experiencia en el control fiscal venezolano, la idea de llegar a Colombia la preocupaba, pues tenía claro que sus títulos no la pondrían en una situación diferente a la de los demás extranjeros que llegan al país y esperan ejercer sus profesiones. “Aunque vinimos conscientes de lo que sería esto, quizás al principio fui muy optimista porque pensaba que con mi experiencia esto iba a ser muy rápido. Y resulta que esa ha sido mi peor pesadilla”.

 

Buenos tiempos en Venezuela

Corina estudió derecho en la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela. Se especializó en derecho administrativo y su vida laboral la llevó al control fiscal. “En Venezuela trabajaba en un órgano de control y me encantaba lo que hacía, pero lastimosamente lo politizaron, como todo allá”.

Su primer trabajo fue como secretaria en la contraloría estatal de Mérida, y en los 10 años que estuvo allí llegó a dirigir la oficina de atención al ciudadano. Después se fue a vivir a Valencia, capital del estado Carabobo, y entró a trabajar a la contraloría municipal. Allí llegó a ser jefe de la oficina de atención al usuario y consultoría jurídica.

Su exitosa carrera cambió en 2015 cuando las presiones políticas llegaron a la institución en la que trabajaba. “Nos dijeron que las contralorías teníamos que salir a marchar por Maduro, recuerda.

Por esos días, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva contra 7 funcionarios militares y policiales venezolanos, les suspendió las visas, congeló sus activos en Estados Unidos y declaró a Venezuela una “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses”.

La respuesta de Nicolás Maduro fue empezar una suerte de cruzada por la "dignidad venezolana", con la esperanza de conseguir que Obama escuchara su petición de derogar la sanción. “Nos llevaron una lista que debíamos firmar, porque ese documento se iba a enviar al gobierno estadounidense. Eso me pareció lo más absurdo que puede ocurrir en la vida.”, dice Corina. Durante una reunión con el equipo directivo de la contraloría, les pasaron la famosa lista, pero ella y el jefe de personal de la entidad se negaron a firmar.

Como consecuencia, a los dos les pidieron dejar el cargo, presentar sus cartas de renuncia y retirarse de la contraloría. La salvación de Corina en ese momento fue una política laboral venezolana que protege la estabilidad laboral de las madres cuando tienen hijos menores de 2 años. A Martina, su hija, le faltaba un mes para cumplirlos. Cuando alegó ese principio de estabilidad reforzada sus jefes le pidieron que tomara unas vacaciones, aunque no se había cumplido el plazo real para que lo hiciera. Presionada y sin otra alternativa, Corina se fue de vacaciones y a su regreso presentó la carta de renuncia.

Entonces regresó a Mérida con su familia y destinaron sus ahorros a la empresa de diseño que tenía su esposo en la ciudad. Pero la escasez de pañales, compotas y los suplementos alimenticios que necesitaba su hija pronto empezó a tocar el bolsillo de la familia. Más pronto de lo que esperaba, Corina estaba camino a Colombia, con una pequeña maleta en la que traía su ropa y sus títulos universitarios.

 

La llegada a Colombia

Cuando aterrizaron en Bogotá empezaron a ver que las cosas no saldrían como las habían planeado. Una semana después de su llegada, el gobierno venezolano cerró la frontera con Colombia; su esposo, Carlos, se graduó como diseñador en Colombia, pero no encontraba un trabajo que le permitiera cubrir los gastos de la familia, y los pocos ahorros que traían se agotaron rápidamente. Ante ese panorama, Carlos aceptó una oferta de empleo en Medellín y Corina se quedó en Bogotá con su hija.

Al cabo de unos meses, después de un embarazo anembrionado que le mostró lo que significa no tener un empleo y no estar afiliada a una EPS, tomó la decisión de irse a Medellín. En esa ciudad, sin familiares o amigos que pudieran tenderles una mano, Corina tuvo que limpiar casas y preparar arepas para aportar dinero a la casa.


«El primer día que limpié un apartamento lloré tanto… Tanto que estudié, tanto que me preparé, tanto que hice, tantos sacrificios, y ahí estaba limpiando baños. El trabajo digno no demerita nada, pero si al menos valiera la pena... Es que limpiar una casa te da apenas para el diario y hay que alargarlo para la semana»


 

Corina estaba frustrada y decepcionada de su experiencia en Colombia. Aunque no tenía el dinero para empezar el trámite, buscó los requisitos que debía cumplir para convalidar su título como abogada y se aventuró con el propósito de aprovechar la experiencia que traía de Venezuela. Con un préstamo completó el dinero para pagar un semestre en la Universidad de Antioquia y ver las materias que exige el Ministerio de Educación colombiano a los abogados extranjeros: derecho constitucional, administrativo y procesal penal.

Cuando recibió el certificado de la Universidad, luego de varias dificultades adicionales que vivieron en Medellín, Corina y su familia regresaron a Bogotá a finales de 2017. Con los documentos listos, también llegó el momento de iniciar la convalidación ante el ministerio.

 

Un año de espera

Corina empezó su proceso de convalidación el 31 de enero de 2018. Diligenció el formulario en la página web del Ministerio de Educación, envió la copia digitalizada de su diploma, del certificado de calificaciones y de la cédula. Dos meses después, el 17 de abril, recibió un correo electrónico del ministerio en el que le informaron que su solicitud era inviable porque no cumplía todos los requisitos exigidos.

En el correo le dijeron que no podía avanzar con el proceso porque, según la resolución, le faltaban los certificados de las horas académicas, que se dijera si había estudiado a distancia o presencial y cuál había sido el resultado de mi formación.

En efecto, Corina no había enviado esos documentos porque, en el caso de las horas por cada materia, asumió que la información ya estaba en el plan de estudios en su carrera, así como que si su diploma no tenía ninguna aclaración acerca de la modalidad de estudio y el programa de cada clase hablaba de parciales orales, exposiciones y evaluaciones presenciales, era claro que la carrera había sido presencial.

Así mismo, el resultado de la formación también le parecía claro, pues había estudiado derecho y su diploma la titulaba como abogada. Había un problema adicional a su convicción de que toda la información estaba en los documentos: dada la situación de Venezuela, Corina no sabía qué información adicional podían enviarle desde su universidad.

 


El Ministerio de Educación puede conceder una prórroga de 30 días para que quienes reciben el concepto de inviabilidad reúnan los documentos faltantes y los entreguen. A pesar de tener esa opción, Corina prefirió abandonar el proceso, pues sabía que era prácticamente imposible conseguir los documentos de su universidad, apostillarlos y recibirlos en Colombia dentro de ese plazo.


 

Para conseguir los certificados que le hacían falta tuvo que recurrir a la ayuda de su mamá, Ángela. Durante varias semanas, ella atravesó la ciudad de Mérida para llegar hasta la Universidad de Los Andes. “Casi siempre tenía que ir a pie, porque ya no hay transporte público. Eran jornadas largas”, dice Ángela. Preguntar, insistir y pedir ayuda se convirtió en la fórmula mágica para conseguir lo que necesitaba su hija.  

A pesar de las dificultades, la decana de la facultad redactó el certificado del resultado de la formación profesional, el registro estudiantil de la Universidad de Los Andes revisó el pénsum de la época de estudio de Corina, entregó por escrito la relación de horas vistas por cada materia y la rectoría aclaró que la formación fue presencial. Como no fue posible apostillar los documentos en Venezuela, el Ministerio de Educación colombiano aceptó que el rector de la Universidad los legalizara.

A principios de junio de 2018, cuando por fin tuvo en sus manos todos los documentos necesarios, Corina envió la solicitud de convalidación. El 15 de septiembre recibió la buena noticia: esta vez su proceso era viable. Después de esa notificación, pagó 540.700 pesos para hacer efectivo su trámite. Luego de los requisitos y el pago, solo quedaba esperar 4 meses para la llegada de su resolución.

A lo largo de este año Corina ha aprendido varias lecciones acerca de los trámites burocráticos en Colombia. La principal es la que recibe cada vez que llama al Ministerio para averiguar por su caso: que debe tener paciencia y esperar. El problema es que su espera se prolonga más de lo debido. Según los plazos del Ministerio de Educación, la resolución de su convalidación debió estar lista el 15 de enero de 2019, pero pasan los días y la notificación final no llega.

Como ella, muchos extranjeros saben que dada la situación actual y el aumento en la llegada de profesionales venezolanos y de colombianos que retornan al país ha aumentado la cantidad de solicitudes para convalidar títulos.

 


Según el Ministerio de Educación, entre 2015 y 2018 se resolvieron 2.472 solicitudes de convalidación de ciudadanos venezolanos.
 


Una barrera para la integración

Para el economista y ex subdirector del DANE Juan Carlos Guataquí el trámite que deben hacer los extranjeros para convalidar u homologar sus títulos en Colombia es una muestra de que “en términos laborales, Colombia es un país xenófobo”.

Para él es importante destacar que esta situación no solo se presenta con los venezolanos que llegan al país, ya que “hay mucho de xenofobia normativa en el ejercicio profesional de los extranjeros en Colombia”. Esto se debe a que los trámites se convierten en obstáculos que impiden o dificultan la integración laboral.

En 2014, Guataquí lideró un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo que reflejó como, ante el “crecimiento sostenido de la migración” en el país, el control para el ingreso de los inmigrantes al mercado laboral resultaba excesivo.

En este análisis de la normatividad migratoria relacionada con el ingreso de extranjeros al mercado laboral colombiano se dijo que Colombia vive la dualidad “entre un país que favorece el turismo pero manifiesta un subyacente y excesivo control para el ejercicio laboral de extranjeros”. Esto se debe, según el mismo informe, a los excesivos y demorados trámites que exige el Ministerio de Educación, la entidad encargada de formular la política y adelantar los procesos de convalidación de títulos otorgados por Instituciones de Educación Superior extranjeras.

 

Corina les da algunos consejos a otros venezolanos que esperan ejercer sus profesiones en Colombia:

1. Asegurarse de que la universidad o institución en la que estudiaron en Venezuela cuente con el aval del Ministerio de Educación colombiano.

2. Verificar que la universidad colombiana en la que se cursen las materias exigidas para la convalidación estén autorizadas por el ministerio.

3. Ser realistas frente a los tiempos que toma el proceso y no hacer planes demasiado ambiciosos antes de contar con la resolución final del ministerio.

Corina sueña con regresar a Venezuela, recuperar la vida profesional que tenía allá y ayudar a reconstruir su país. © MIGUEL GALEZZO | PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA



Por ahora, la oficina de comunicaciones del Ministerio de Educación solo afirma que los procesos de homologaciones y convalidaciones están en ajuste y que habrá pronunciamientos oficiales cuando terminen esos ajustes.

Mientras pasan los días, Corina sigue a la espera de la resolución que le conceda la convalidación de su título. Luego, si quiere trabajar como abogada en Colombia, tendrá que solicitar la tarjeta profesional ante el Consejo Superior de la Judicatura, un proceso que puede tardar por lo menos un par de meses. “No digo que deban tener un trato especial para los venezolanos, pero sí creo que deberían tener en cuenta el contexto, lo que está pasando allá, a la hora de exigir los documentos”, dice al recordar todos los inconvenientes que debió enfrentar para conseguir el visto bueno de su proceso.

 






¡Comparte!





Autorizo el tratamiento de mis datos conforme a la política de tratamiento de datos de SEMANA.