La curva de aprendizaje que ha tenido Colombia durante estos cinco años de crisis migratoria ha sido monumental: pasó de ser un país que históricamente había expulsado a sus ciudadanos a ser el principal receptor de la segunda mayor migración del mundo.
Precisamente, sobre los retos a futuro de este fenómeno que llegó a Colombia para quedarse, el Proyecto Migración Venezuela realizó este lunes un LIVE donde se analizaron las implicaciones y oportunidades que representa para el país tener a 1,7 millones de venezolanos con vocación de permanencia.
En el conversatorio virtual participaron: Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia; María Clara Robayo, investigadora del Observatorio Venezuela de UniRosario; el senador Antonio Sanguino y Gonzalo Oliveros, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y refugiado en Colombia.
El director de Migración Colombia afirmó que en estos cinco años recientes, las medidas tomadas por el Gobierno de Colombia han estado sustentadas en facilitar la permanencia temporal de los venezolanos, de forma que apenas se restablezca la democracia ellos puedan volver al país vecino. “Así llevamos varios años, por eso el gran reto que tenemos es cómo afrontamos la permanencia, cómo generamos mayores oportunidades y una mejor protección de derechos humanos de esta población”, destacó Espinosa.
En este punto coincidió María Clara Robayo, investigadora del Observatorio Venezuela, de la Universidad del Rosario, quien está convencida de que la integración solo será posible si se logra garantizar la identificación de los migrantes y su regularización permanente.
Para la investigadora Robayo falta muchísimo por trabajar en la institucionalización de la gestión migratoria a largo plazo para no depender del escenario político que se esté dando en el momento.
Sin duda ha sido complejo enfrentarse a un fenómeno imprevisto, para el que no estaban preparados los colombianos, y para el que tampoco estaban listos los venezolanos, a decir del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Gonzalo Oliveros, quien también planteó ver a la migración como una oportunidad más que como un problema, para lo cual propone desarrollar estrategias de emparejamiento e intermediación laboral entre los empresarios y la mano de obra venezolana.
“Esta migración que Colombia está viendo la recibiremos mañana cuando rescatemos la democracia y la libertad en Venezuela y necesitemos del talento colombiano”, dijo Oliveros con optimismo.
Conscientes de que es difícil construir políticas públicas sobre una población extranjera, el director de Migración Colombia puntualizó que lo más importante es conocer a la población migrante para hacer realidad el proceso de inclusión.
De este modo reconoció que se debe construir una relación de confianza con los migrantes, por lo que no duda que la identificación biométrica de los venezolanos traerá más seguridad, y permitirá tener un registro detallado de las personas que ingresan y sus competencias, a fin de vincularlo a la vida activa del país.
El deterioro de la situación de Venezuela ha hecho que el perfil del migrante que llegó al país hace cinco años sea muy diferente al que está llegando actualmente. “En el año 2015 había 31.000 venezolanos en Colombia. En el 2016 la cifra subió a 53.000. En 2017 pasó a 403.000. En 2018 ascendió abruptamente a 1.174.000. En 2019 se llegó a 1.771.000 y a corte de mayo de 2020 estamos en 1.764.000 venezolanos”, precisó Espinosa preocupado porque es un volumen poblacional inmenso que fue llegando al país y que ha generado unas necesidades normales de acceso a salud, educación, alimentación y puestos laborales.
Esa población migrante tiene unas condiciones físicas deterioradas, no tienen la misma solvencia económica que los los venezolanos de 2015, y en esencia son más vulnerables. “No nos olvidemos que los venezolanos, entre regulares e irregulares viven un drama propio que los forzó a migrar”, acotó la autoridad migratoria.
Por su parte, el senador Antonio Sanguino, que desde el Congreso ha levantado su voz a favor de los migrantes venezolanos, criticó no solo el hecho de que en Colombia haya un problema migratorio, sino también fronterizo.
Además, advirtió que en el manejo dado por el Gobierno nacional al fenómeno migratorio se presentan dos contradicciones: la primera es la resistencia a reconocer el estatus de refugiado en el contexto de la migración venezolana, pese a considerar al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y la segunda tiene que ver con los anuncios de ampliación de la oferta de atención social en salud y educación, a pesar de que sigue habiendo más de un millón de venezolanos que no pueden acceder a estos derechos efectivamente, porque se encuentran en condición irregular.
En últimas, y pese a la diversidad de posiciones, los puntos de encuentro que se alcanzaron en el conversatorio tienen que ver con la necesidad de lograr la plena identificación de los migrantes, la caracterización de sus condiciones de vida y de sus capacidades, y la posterior regularización migratoria para que puedan insertarse exitosamente en la vida económica del país y acceder a derechos básicos sin necesidad de caer en el asistencialismo. La tarea es grande, pero igualmente lo es la oportunidad que puede tener el país si sabe aprovechar los beneficios que trae consigo esta población.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
