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EDITORIAL | Apertura de frontera: ¿descoordinación institucional?



Por: Proyecto Migración Venezuela
MigraVenezuela

El pasado 31 de mayo el Ministerio del Interior expidió el Decreto 580 que, entre otras medidas, decretó mantener cerradas las fronteras con Venezuela desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre de 2021. Decisión sorpresiva e inesperada, dado que desde el Gobierno nacional se venía realizando un intenso trabajo con gremios, autoridades locales colombianas y venezolanas y otros actores clave, con el fin de lograr una apertura responsable de la frontera.

 

La decisión de mantener cerrada la frontera causó gran malestar entre quienes guardaban la esperanza de reabrirla de manera gradual, para lograr no solo controlar y ordenar el flujo migratorio que desde hace ya más de un año viene haciéndose de manera irregular, por pasos no autorizados y en manos de mafias y organizaciones criminales, sino también para reactivar las relaciones comerciales y acabar con el tráfico y contrabando de toda clase de mercancías.

 

Sin embargo, al día siguiente, el 1 de junio, de nuevo el Ministerio del Interior expidió la Resolución 0746, mediante la cual autoriza a Migración Colombia realizar la apertura gradual de fronteras con el hermano país desde el 2 de junio. Lo anterior dejó de nuevo boquiabiertos, en menos de 24 horas, a quienes acababan de recibir la noticia de que la frontera permanecería cerrada.

 

Ese mismo día, Migración Colombia expidió otra resolución (la 1175), donde adoptaba medidas encaminadas a la apertura gradual de las fronteras con Venezuela, habilitaba los puestos de control migratorio terrestres y fluviales, definía las obligaciones de los viajeros internacionales e imponía medidas para organizar la migración, en particular la pendular, con un sistema de pico y cédula muy utilizado en tiempos de pandemia.

 

Hay que ser claros. Para Colombia es clave la apertura de la frontera y la aplicación del recién aprobado Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que permitirá permanecer regularmente por 10 años en Colombia a los migrantes que se encontraban en el territorio nacional antes del 31 de enero de 2021 (sin importar su estatus migratorio) y a quienes ingresen sellando su pasaporte por pasos autorizados durante los dos años posteriores a su entrada en vigencia.

 

Sin embargo, a simple vista todo parece una gran descoordinación entre entidades del Gobierno nacional, gobiernos locales y actores clave en la frontera. ¿No sería mejor coordinarse bien antes de salir con una decisión tan sensible que afecta a millones de personas de lado y lado de la frontera? ¿A qué responden estos timonazos? Resulta clave en estos momentos tomar decisiones concertadas al interior del Gobierno y con los diferentes actores a quienes impacta de manera directa esta decisión.

 

Por otro lado, también hay descoordinación porque la decisión de la apertura gradual de la frontera se tomó de manera unilateral por parte de Colombia. Aunque hubo acercamientos y conversaciones con diferentes estados venezolanos y miembros del Gobierno del presidente Maduro, no se llegó a ningún acuerdo que permitiera la apertura bilateral de la frontera. La apertura es entonces una apertura a medias, porque los migrantes y refugiados que quieran ingresar al país de manera regular, no necesariamente pueden hacerlo. De hecho, la entrada de ciudadanos venezolanos por pasos habilitados en la primera semana de apertura ha sido bastante tímida, dado que la guardia venezolana no los deja pasar por los puentes para poder acceder por puestos de control migratorio habilitados, haciendo que sigan en las garras de las mafias y grupos ilegales presentes en las trochas que conectan estos dos países hermanos que se dan la espalda el uno al otro.

 

Por el bien de todos y por el bien de la economía, los asuntos fronterizos requieren de mayor y mejor coordinación. Como dice el adagio popular, del afán no queda sino el cansancio; y del desorden no queda sino la preocupación.

 






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