Este lunes, el Gobierno Nacional hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para incrementar los recursos destinados a apoyar los esfuerzos de Colombia en la atención integral de los migrantes provenientes de Venezuela y las comunidades de acogida, especialmente en la superación de la emergencia generada por el covid-19.

En el comunicado, que salió del despacho del Ministerio de Salud, se asegura que la política de puertas abiertas de Colombia hacia los migrantes conlleva un “alto costo de recursos financieros y humanos”, que se suman a los esfuerzos para enfrentar la emergencia por el coronavirus.

El fenómeno migratorio de venezolanos que se ha volcado desde hace cinco años por Latinoamérica y el mundo mantiene en vilo a Colombia, por ser este el país que más refugiados y migrantes ha recibido: 1,8 millones de personas que han ocasionado una gran presión a las finanzas públicas de las autoridades que buscan atender sus necesidades más apremiantes. 

El gobierno afirma estar prácticamente solo en una crisis que le cuesta más de 1.300 millones de dólares al año y por eso ha dedicado varias jornadas para conseguir más ayuda internacional. La última ocasión, antes del comunicado emitido hoy, fue hace un mes cuando el presidente Duque viajó a Estados Unidos y en sus reuniones con la Casa Blanca, el Rey de España y el secretario general de la ONU les expresó la necesidad de que Colombia recibiera más apoyo.

Esa preocupación también la había expresado hace unos meses el gerente de la Presidencia para la frontera, Felipe Muñoz, quien aseguró que, si bien están muy agradecidos con los cooperantes, “la comunidad internacional solo está aportando 1 de cada 10 pesos que necesitamos para atender la crisis migratoria”.

Esta afirmación fue apoyada en el escenario internacional por el mexicano Jorge Castañeda, quien en una columna publicada en el New York Times hace un mes, argumentaba que “la tragedia de Venezuela no es diferente en tamaño e impacto a la situación de Siria”. Y agregaba: “Colombia enfrenta sola la mayor crisis de refugiados de la región; es hora de ayudarlos”.

Pero estas aseverasiones, además, no tenían en cuenta la nueva crisis que vive el mundo y que golpea con mayor fuerza las finanzas públicas: la pandemia por el coronavirus. Hoy Colombia acoge a más de 1,8 millones de personas venezolanas, de las cuales casi el 60 por ciento no cuenta con condición migratoria regular, lo cual aumenta su dependencia a los subsidios, pues difícilmente cuentan con un empleo formal que les permita guardar el aislamiento obligatorio impuesto por el Gobierno nacional. 

En este contexto, cobra mayor relevancia una de las afirmaciones de Castañeda, que compara el financiamiento que ha dado el mundo a la crisis de los refugiados sirios con el apoyo que ha brindado la comunidad internacional a los venezolanos que han tenido que dejar su país. “La comunidad internacional, según un estudio de The Brookings Institution, ha gastado cerca de 125 dólares por cada refugiado venezolano. En contraste, el mundo ha dedicado aproximadamente 1.500 dólares por cada refugiado sirio”, dice.

Ante esta realidad, el Proyecto Migración Venezuela hace un seguimiento de cuáles han sido los dineros de cooperación internacional que han llegado al país para la asistencia de la crisis migratoria y cómo se han destinado.

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2019

El año pasado, el gobierno de Colombia en conjunto con organismos de la ONU, realizó un llamamiento internacional bajo el nombre “Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes”, donde se solicitaron 315,5 millones de dólares. Finalmente se financiaron 196,6 millones, es decir, el 62 por ciento. 

La gran apuesta del gobierno como reacción al fenómeno migratorio, dadas las condiciones de recepción del país, fue la asistencia humanitaria directa. La inversión en este sector fue de 48,9 millones de dólares, en los que se buscaba fortalecer la asistencia médica, seguridad alimentaria y el alojamiento de la población migrante en el país.

Mientras que otros 40 millones de dólares se repartieron entre los sectores de protección, integración socioeconómica/cultural y fortalecimiento de la capacidad del gobierno receptor (12, 5 y 4 por ciento, respectivamente). Estas intervenciones reforzaron ámbitos relacionados con la asistencia legal y  acceso a la documentación; el acceso a largo plazo, igualitario y constante a servicios básicos como la educación y el fortalecimiento de las capacidades del Estado colombiano en general, a nivel nacional y local, para proporcionar una gestión integral a la llegada de personas refugiadas, migrantes y retornadas colombianas.

El valor restante, más de 107,5 millones de dólares, se invirtió a nivel multisectorial, donde se incluyen diversos aspectos como el alojamiento, artículos no alimentarios, transporte humanitario, entre otros.

Los principales proveedores de esa financiación fueron los gobiernos de otros países como Estados Unidos y la Unión Europea, con una participación del 82 por ciento. Otras fuentes de financiamiento iban desde agencias y fondos administrados por las Naciones Unidas, ONG y otros actores/socios humanitarios, hasta el sector privado.

2020

En lo corrido de este año, la apuesta para la atención al fenómeno migratorio tomó otro rumbo. Al acercarse a casi dos millones de venezolanos en el país, según cifras de Migración Colombia, y con estudios que demuestran el gran porcentaje de migrantes que tienen  vocación de permanencia, el gobierno ha centrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de los procesos de integración socioeconómica.

En la teoría, Colombia necesitaría cerca de 739,2 millones de dólares para llevar a cabo el nuevo plan de respuesta para refugiados y migrantes planteado a finales del año pasado. Hasta el momento solo se han financiado 22,7 millones, es decir el 3 por ciento.

De este dinero, 4 de cada 10 pesos se ha sido invertido en subsidios a través de transferencias monetarias. A los refugiados y migrantes se les proporciona dinero para acceder a diversos productos y servicios, una estrategia que contribuye también al desarrollo de las economías locales. Mientras tanto, sectores como la educación, integración y protección han recibido porcentajes mucho menores (1,1, 0,7 y 0,2 por ciento, respectivamente). 

El objetivo es claro. Al acelerar las medidas de inclusión económica y laboral de los migrantes, cada vez más personas podrían depender menos de los subsidios, pagar impuestos, así como impulsar el consumo privado y, con esto, la economía del país. Sin embargo, con la crisis desatada por la pandemica del coronavirus, se ha puesto en evidencia la gran desigualdad ecónomica en la que se encuentra la población migrante y las ayudas ahora son incluso más insuficientes.

De allí que el Ministerio de Salud aseverara en su comunicado que “ahora por la situación especial de emergencia sanitaria en la que se encuentran el país y el mundo, se ha evidenciado la necesidad de aumentar las fuentes de financiación”. De esto son conscientes las organizaciones internacionales que se encuentran en el país, quienes también vienen realizando gestiones para conseguir más donaciones por parte de los Estados y los organismos multilaterales.

El representante de ACNUR en Colombia, Jozef Merkx, dejó claro que no van a tener recursos para atenderlos a todos, por lo cual se enfocarán en la población más vulnerable. “Esperamos como cooperantes internacionales reforzar la respuesta, apoyar al Ministerio de Salud y mejorar en prevención del virus”, dijo el funcionario de la ONU.

Lo que queda por verse es si este nuevo intento del Gobierno nacional y de las agencias internacional por conseguir mayores donaciones para atender a los migrantes sí tiene eco. Lo claro es que Colombia necesita ayuda y la que ha llegado no ha sido suficiente.

Por: Natalia Prieto C. @nataliaPC_