Escucharlos es sufrir por dentro. Es imposible no solidarizarse con ellos cuando se escuchan sus historias de desarraigo. Es fatigoso tan solo imaginar el dolor de lo que dejaron atrás, su gente, sus amigos, su trabajo y no sentir que el corazón se arruga. Sus historias son como las de otros miles que viajan errantes por las ciudades colombianas. Son venezolanos que también llegaron a Cali atraídos por la promesa de la capital de la alegría, la ciudad de la rumba, la ciudad acogedora. Pero la realidad es otra. Durante el primer mes del 2019, y en menos de una semana, las autoridades emprendieron dos desalojos a los improvisados campamentos que levantaron en cercanías de la Terminal de Transporte. Eso los aterrizó en su condición de desarraigo. La calidez inicial con que fueron recibidos hace un poco más de un año se ha ido transformando en evidente rechazo, en una solidaridad perecedera.
En Cali se estima que hay cerca de 40.000 venezolanos y la población puede crecer. Algunos hablan de que cada día llegan a Cali 400 personas desde el país vecino. Los estrictos controles que ha interpuesto Ecuador para el arribo de los migrantes ha provocado que muchos que utilizaban a Cali como ciudad de paso hacia el sur del continente terminan por quedarse en esta capital. Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali, cuida cada una de sus palabras. Explica que en la ciudad no se ha realizado ningún desalojo de venezolanos, sino una restitución de un predio habilitado para el espacio público.
En la primera “restitución” había cerca de 500 personas que armaron cambuches y convirtieron en dormitorio la antigua carrilera del tren, y un espacio verde aledaño a la ribera del río Cali que pasa por esas inmediaciones. En sus aguas nausebundas era posible observar cómo muchos de los migrantes tenían que bañarse. Las quejas comenzaron a llegar. Unos reclamando por la suciedad, otros por la seguridad y unos más por el acoso de decenas de personas que rogaban una ayuda.
José Rodríguez Casallas dice que llegó hace cuatro meses de Maracaibo. Dice que Cali se le parece a su amada ciudad. Ahora no quiere pensar nada, vaga por cercanías de la Terminal porque su cambuche fue destruido. Dice que duerme donde lo coja la noche.
“Yo solo quisiera tener un trabajo, no sé. Poder mandar algún dinero a mis hijos que se quedaron allá. Ojalá la gente se pusiera en el lugar nuestro, no somos delincuentes, sabes”.
José Rodríguez Casallas
Cero tolerancia a los cambuches
El Secretario de Seguridad vigila cada paso que da. Asegura que si fueran ciudadanos colombianos se procedería de igual manera. Villamizar sostiene que los cambuches se habían convertido en unos focos de inseguridad, microtráfico, prostitución y de problemas realmente graves tanto para los propios venezolanos como para la gente que tiene que caminar por cercanías de la Terminal de Transporte. “Aquí tenemos 350 personas que están viviendo prácticamente en la calle en situaciones de verdad infrahumanas. Estas personas deben solucionar su tema de vivienda de alguna manera, como lo han hecho los cerca de 40.000 venezolanos que viven en Cali”.
Un par de días después de este operativo, un grupo de los venezolanos desalojados de la Terminal decidió armar nuevos cambuches un kilómetro más adelante, pero también fueron sacados por las autoridades. María del Mar es una joven venezolana que estuvo allí. Cuenta que tiene una hija, pero se vino sola, la dejó al cuidado de la abuela. “Solo quiero que recuerden que allá llegaron muchos colombianos y no los tratamos mal. El gobierno les dio casa, educación. Solo pónganse en el lugar de nosotros. Yo no tengo mi hija acá, pero estoy apoyando a mis compañeras que tienen hijos. Lo que necesitamos es que nos apoyen”.
© Cortesía El País Cali
¿Emergencia humanitaria?
Justamente ese apoyo ha generado división en la ciudad. El año pasado el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, planteó la necesidad de decretar una emergencia humanitaria que permitiera destinar recursos de manera más expedita para ayudar a los migrantes. Sin embargo, el propio alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, dice que no ve necesario tal medida extrema porque, sostiene, “el asunto no es decretar la emergencia, el problema es contar con los recursos porque cuando se han abierto servicios humanitarios se incrementa su llegada”.
Pero monseñor Monsalve insiste en la emergencia humanitaria porque “esta declaratoria permitirá la movilización urgente de recursos para cubrir las necesidades humanitarias básicas como alojamiento, atención primaria de salud y alimentación, seguridad y protección de los derechos de la población afectada”. El alto prelado considera que si no se toman medidas urgentes la capital del Valle puede enfrentar una verdadera catástrofe humanitaria porque el número de migrantes venezolanos aumenta cada día más. La administración local insiste que a pesar de que los recursos son limitados, se ha atendido de manera prioritaria a la población venezolana. Una de las primeras medidas que se tomó en agosto pasado fue la inclusión, sin trabas, de los menores venezolanos en las escuelas y colegios públicos de la ciudad.
Las cifras del gobierno local
En ese sentido, Carolina Campo, secretaria de Bienestar Social, explicó que de acuerdo con las cifras de Migración Colombia, en la capital del Valle se estima que hay 39.127 venezolanos. Para atenderlos, la alcaldía caleña ha brindado educación a 1.098 niños, se han aplicado 43.263 dosis de vacunas. También, dice la funcionaria, se ha atendido a madres gestantes y se ha brindado atención del parto, al recién nacido, odontología y urgencias. Otro aspecto que resalta la señora Ocampo es que la administración local priorizó la seguridad alimentaria y a la fecha ya entregó 151.350 raciones de comida a los migrantes. Igualmente recordó que en diciembre pasado se realizó una feria de servicios que tenía como propósito encontrar algunas plazas laborales que los venezolanos regularizados pudieran optar. Se estima que la alcaldía de Cali ha invertido cerca de $5.500 millones en atención a la población migrante venezolana
Con relación a los desalojos, que generaron ciertas críticas como la de monseñor Monsalve, quien responsabilizó a las autoridades que hicieron el operativo “por el daño a la población en riesgo que aún no están reubicados”, la funcionaria respondió que sí se hizo un proceso de atención médica y psicosocial a 61 de los venezolanos que fueron identificados una semana antes del operativo como de mayor riesgo. Se trata de mujeres en estado de gestación, lactantes y niños que fueron priorizados para darles alojamientos temporales (no mayor a 30 días) y transporte. “Estas personas harán parte de un proceso de estabilización con nuestros trabajadores sociales y sicólogos. Lo que pretendemos es que ellos mismos puedan decidir si siguen su camino a otro país o si regresan a Venezuela, mientras tanto tendrán durante un mes un subsidio de arrendamiento”.
Lo cierto es que ante la creciente llegada de migrantes que buscan en la capital del Valle una alternativa para mejorar su situación económica, algunos concejales también han planteado su preocupación y los cuestionamientos han ido subiendo de tono. Una de las cabildantes más veteranas de la ciudad es Clementina Vélez, quien también fue representante a la Cámara, y conminó a las administraciones de Cali y del Valle a que soliciten al Gobierno nacional un mayor apoyo para enfrentar esta situación.
“Los derechos de las personas priman por encima de cualquier frontera, pero debemos sopesar esos derechos pues lo que está pasando es que se están vulnerando no solo los derechos de los inmigrantes sino, peor aún, los derechos de nuestros compatriotas”.
Otro concejal, Fernando Tamayo, recientemente elegido como presidente del cabildo, advirtió su desacuerdo de que se formalicen espacios de albergue permanente por los riesgos económicos que eso puede generar, según él, para la ciudad. Incluso, el mismo cabildante fue más osado y planteó establecer unos controles de acceso de la población migrante a Cali porque sostiene que la ciudad está desbordada, al igual que los servicios de atención.
Varias entidades, un solo esfuerzo
Ante la ola de incertidumbre, recientemente se conformó el Comité de Atención a la Población Migrante, que busca articular los esfuerzos de las entidades adscritas a la administración municipal, el gobierno nacional y organizaciones de cooperación local e internacional para trabajar unidos este tema. Para el alcalde Maurice Armitage este comité permite focalizar y unir esfuerzos que hoy estaban dispersos. “Esto nos fortalece en este gran reto que tienen los caleños de recibir a todos estos migrantes venezolanos y que de alguna manera tenemos que incorporarlos al sistema. Esto es una realidad, por eso tenemos que seguir trabajando por lo que nos falta para sacarlos adelante”.
Del comité también hace parte la Gobernación del Valle. De hecho este departamento es el cuarto en el país con mayor número de migrantes venezolanos. A 31 de diciembre del año pasado se contabilizaban 51.146 venezolanos en los diferentes municipios.
Para María Cristina Lesmes, gobernadora (e), esta conjunción de esfuerzos permitirá coordinar de mejor manera la atención a la población afectada. “La buena noticia es que 33.000 de los migrantes venezolanos ya están regularizados y tenemos la posibilidad de regularizar al resto”. La también Secretaria de Salud del Valle indicó que se tiene un número muy bajo de personas regulares incorporadas al sistema de seguridad social, lo cual se convertirá en una tarea por ejecutar.
También expresó su inquietud en materia de salud porque se ha incrementado el número de personas diagnosticadas con VIH. “Es una de las alertas en salud pública por lo que significa el manejo de estas personas no tratadas. Lo que tenemos que garantizar con ellos son los tratamientos y exámenes de laboratorio a través de una organización internacional que está haciendo la donación. El departamento ha mejorado la atención, se ha incrementado el número de venezolanos, pero tenemos un camino claro de cómo atenderlos”.
Por ahora el comité se reunirá de manera periódica por lo menos dos veces por mes para evaluar estrategias y avances para mejorar la calidad de vida los migrantes. Una expectativa que Gabriel Farías, un venezolano que se rebusca la vida vendiendo dulces en los semáforos de sur de Cali, espera que sea realidad. “Yo no creo que vuelva por ahora a mi país. Estaré un buen tiempo por acá, ojalá nos den la mano, la necesitamos…”, dice casi como un lamento mientras rápidamente se extravía entre los carros que se detienen lentamente ante la luz roja.
Por: Gerardo Quintero @gerardoquinte
