La captura de cuatro tripulantes que transportaban 20 migrantes venezolanos irregulares desde San Andrés a Centroamérica puso nuevamente sobre el tapete el doloroso drama de la trata de personas. En lo que va corrido del mes, 32 personas han sido rescatadas.
En las últimas horas, la Armada Nacional rescató a 20 personas venezolanas que iban indocumentados a bordo de dos embarcaciones, conducidos por cuatro sujetos, que fueron detenidos por Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas y puestos a disposición de la Fiscalía.
Dentro del grupo de migrantes venezolanos había dos niños que fueron entregados al ICBF para la restitución de sus derechos, mientras que los adultos recibieron apoyo de los hombres de la Armada. Las autoridades presumen que quienes trasladaban a las personas migrantes harían parte de una banda de trata de personas.
El episodio dispara nuevamente las alarmas sobre un fenómeno que está creciendo, y que se ha convertido en una desgracia silenciosa, asegura el abogado penalista Fabio Humar, quien agrega que casi todas sus victimas fueron forzadas por la necesidad de buscar un mejor futuro, luego de salir de Venezuela.
«Ahí hay un delito muy claro que es el de trata de personas, y eso requiere, primero que todo que expresemos nuestra solidaridad con los hermanos venezolanos que lo sufren; habitualmente usan redes clandestinas, ilegales y corruptas para mover migrantes sin autorización por zonas prohibidas».
Fabio Humar, abogado penalista
El código penal colombiano establece penas hasta de 12 años de cárcel para la trata de personas, e incluso más dependiendo de la gravedad de las circunstancias, que, como sucedió en este episodio, involucra menores de edad.
Para Humar es claro que quienes se aprovechan de la situación extrema de las personas venezolanas están incurriendo en varios tipos de conductas penales asociadas al concierto para delinquir.
“Y las penas se pueden incrementar, por ejemplo, si hay corrupción a funcionarios de migración, si hay falsificación de documentos; aquí, cuando menos, hay concierto para delinquir y eso no conlleva penas menores”, señala el jurista.
Pero, según, asegura, el drama más doloroso es el del silencio, porque la gran mayoría de migrantes venezolanos que son víctimas de trata de personas no denuncia, por miedo a represalias en su contra o la de su familia o sencillamente porque no saben cómo hacerlo ni ante quién
«Es apenas comprensible que una persona no denuncie por miedo, porque llega a un sitio donde no conoce los códigos, donde no conoce las instituciones; y si a las redes criminales le sumamos la inoperancia del Estado pues el resultado es que nadie se atreve a denunciar»
Fabio Humar, abogado penalista
Por eso, es clave, asegura, que desde el Estado se incrementen los esfuerzos institucionales para acabar con el círculo vicioso del miedo, y que los migrantes venezolanos que son víctimas de la trata de personas o son testigos del delito, acudan a los sitios donde pueden recibirle la denuncia bajo total reserva.
“Hay gente con poder, con dinero, que, por supuesto los puede amedrentar, pero tienen que denunciar; ahora bien, hay que hacer un esfuerzo desde los medios de comunicación y la Defensoría de Pueblo para visibilizar más la pedagogía de cómo pueden denunciar ese delito tan atroz”, asegura Humar.
Por ahora, los hombres asignados a las patrullas de Guardacostas en el archipiélago de San Andrés siguen patrullando intensamente a la caza de las redes de trata de personas que llevan no solo migrantes venezolanos sino haitianos a países como Panamá, Nicaragua y Costa Rica, desde donde emprenden otro calvario para ingresar por tierra a Estados Unidos.
Por: Mario Villalobos @maritovillalobo
