Aunque la reapertura de la frontera binacional después de siete años de cierre fue una decisión correcta, eso no ha impedido que los colombianos que están en Venezuela sigan sufriendo de abandono estatal. Analisis de Daniella Monroy, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

Por Daniella Monroy Argumedo.*

7 años, 1 mes y 7 días transcurrieron entre el cierre y la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, la 17° más extensa del mundo y una de las más dinámicas del continente. Mucho se ha logrado y mucho más falta para llegar a la meta de tener una frontera controlada y dinámica.

Los migrantes pendulares

En octubre de 2022, el recién nombrado director de Migración Colombia, Fernando García, visitó por primera vez la frontera y anunció que los ciudadanos venezolanos podrían cruzarla con pasaporte, cédula o Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Luego esto se flexibilizó. García anunció que solo con la cédula era posible circular. La misma tendencia se dio desde el primero de diciembre de 2022 cuando dictaminó que en los tres puentes que conectan Norte de Santander con el Táchira no se realizaría control migratorio a mitad de los puentes como se venía haciendo, sino en los puestos dispuestos al final de estos.

Las cifras de Migración Colombia correspondientes a flujos migratorios en los últimos tres meses de 2022, cuando la frontera ya había sido reabierta, demuestran que las entradas de forma regular aumentaron y que la reapertura era el camino correcto. A pesar de los esfuerzos, los pasos informales o trochas siguen siendo concurridas, en parte, porque la cantidad de productos que puede ingresar cada persona semanalmente tiene un tope o porque, como se explicó antes, el tránsito regular requiere de un mínimo de documentación. La irregularidad del paso subsiste en paralelo con la regularidad.

Al momento de su creación, la Tarjeta de Movilidad Fronteriza tuvo la intención de ser un documento de identificación para los migrantes pendulares. Sin embargo, perdió su vocación de ser utilizada durante periodos cortos y exclusivamente en departamentos fronterizos, a pesar de ser la única herramienta para registrar entradas y salidas del país de venezolanos por parte de las autoridades colombianas. El gobierno del presidente Petro tiene la responsabilidad de evaluar qué tan beneficiosa es esta medida y si vale la pena retomar su uso para que los beneficiarios tengan acceso al sistema de salud y educativo en nuestro país, teniendo presente que ejecutar esta tarea tendrá que ser en conjunto con Venezuela para guardar el control binacional de la frontera, como es debido.

Al otro lado de la frontera, una migración olvidada: los colombianos en Venezuela

En noviembre de 2022, el exembajador Armando Benedetti anunció la realización de un censo de colombianos y colombianas en Venezuela para tramitar su registro civil de nacimiento y cédula digital con apoyo de la Registraduría. Según el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, hacerlo está en los planes del gobierno nacional, pero el anuncio de Benedetti nunca llegó a concretarse, es un pendiente para el nuevo embajador Milton Rengifo.

Así como no han sido caracterizados, los colombianos en Venezuela denuncian abandono estatal. Más de un centenar de ellos radicaron una comunicación ante la Procuraduría al final del año pasado manifestando sentirse “muy perjudicados” al no tener servicios consulares. A un año del inicio de la era Petro ya dos consulados han sido reabiertos: el de Caracas y el de San Antonio del Táchira. Entre los que el gobierno se comprometió a reabrir este año, faltan los de Maracaibo (estado Zulia) y San Cristóbal (estado Táchira).

Lo cierto es que esa no es la única deuda con los connacionales que emigraron al país vecino. En junio, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana advirtiendo una posible deportación o retorno masivo de unos 7 mil colombianos que están trabajando en las minas de extracción de oro en el Parque Nacional Cerro Yapacana, estado Amazonas. Por un lado, es una actividad ilegal y quienes la practican son capturados por las fuerzas militares venezolanas en operativos que se están desarrollando; por otro, la zona está plagada de grupos armados, por lo que los civiles podrían ser víctimas del fuego cruzado. La Defensoría determinó que los primeros receptores de esta población al cruzar la frontera serían algunos puntos geográficos de los departamentos del Vichada y Guainía en donde no hay la infraestructura necesaria para soportar un éxodo de esa magnitud, menos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Faltan planes de contingencia para los colombianos en Venezuela que por supervivencia están llevando a cabo actividades ilícitas, que han sido reclutados por grupos armados o que se han visto afectados por la carencia de servicios básicos de calidad en territorio venezolano. Las conservadoras cifras que se estiman de los connacionales en el país vecino corresponden a 4 millones mínimo, casi el doble de la población de Medellín o la de Cali, e incluso mayor a la migración venezolana en Colombia. La dimensión y características de esta población son un reto y una oportunidad en la retoma de la relación bilateral.

* Investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, Consultora asociada de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y miembro de la red Charlas de la Bitácora Migratoria.

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