En las dos últimas semanas Pamplona ha sido noticia por la cantidad de caminantes provenientes de Venezuela que se han aglomerado en este municipio. La presencia de más de 600 migrantes en llamó la atención de los medios de comunicación y del gobierno. La gravedad del estado en la que están llegando y las circunstancias en las que permanecen estas personas requirió de una respuesta de urgencia.

¿Acaso estamos asistiendo a otra crisis humanitaria? En realidad, no. Nuestro país vecino sigue en una crisis humanitaria que no ha sido más que profundizada con la pandemia, con un salario mínimo irrisorio, altas tasas de inseguridad alimentaria y un sistema sanitario al borde del colapso. Sabíamos que el retorno era temporal y en un abrir y cerrar de ojos iban a estar de nuevo en Colombia. De hecho, en recientes declaraciones, el Director de Migración Colombia afirmó que tendríamos dos millones de venezolanos para final de año de abrirse la frontera.

De este lado de la frontera, el cierre de albergues por el brote del Covid-19 ha impedido la asistencia humanitaria a los migrantes que siguen llegando a Colombia y transitando por las carreteras en condiciones altamente vulnerables.

Ante la gravedad de la situación en Pamplona, el gobierno colombiano ha decidido militarizar un tramo de la frontera para frenar los flujos migratorios por los pasos irregulares. ¿Es esta la solución? Teniendo en cuenta que Colombia comparte más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, aquellos que huyen del hambre seguramente encontraran maneras de cruzar arriesgándose a ser víctimas de trata e incluso a perder su vida.

Si bien la sociedad civil ha hecho un llamado a la asistencia humanitaria, está claro que esta no es suficiente para atender la crisis. El Estado colombiano debe brindar protección a esta población, entre otras, mejorando la respuesta institucional a quienes solicitan el refugio. Además, la respuesta de acogida debe estar fundamentada en los principios del derecho internacional de los migrantes y refugiados, y, en particular en el principio de no-devolución o non-refoulement.

Según este principio, “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”, ello, según el concepto ampliado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independientemente de su estatus legal o condición migratoria.

El hecho de que el Estado colombiano haya devuelto recientemente a más de 5.000 migrantes venezolanos va en contravía de este principio. Se ha demostrado ampliamente, entre otros desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en Venezuela se han cometido graves violaciones a los derechos humanos que ponen en riesgo a su población la cual no tiene otra opción que huir en busca de protección.

En vez de mantener la frontera cerrada, el gobierno debe establecer con la ayuda de la cooperación internacional protocolos sanitarios para la entrada de estas personas con necesidad de protección a nuestro país. Colombia no puede darles la espalda.

*Stephanie López Villamil es investigadora y consultora en Migraciones Internacionales. Doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

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Por: Stephanie López Villamil  @stephlomig