El régimen de Nicolás Maduro continúa instrumentalizando mezquinamente a los migrantes que retornan a su país en medio de la pandemia. En días pasados se anunciaron nuevas medidas de excepción que involucran a cuerpos militares en el control de trochas y “pasos irregulares, informales y criminales” por “donde la covid-19 sigue entrando a Venezuela”. La consecuencia es la criminalización del retorno, con desastrosos efectos humanitarios y políticos para lo que sigue.
Hace unos días se anunció la creación de las ‘zonas de defensa integral especiales’ en varios municipios fronterizos de los estados Zulia y Táchira. Estas constituyen un mandato a la fuerza armada venezolana para coordinar con otros cuerpos de seguridad y de la administración pública acciones de “contención” de migrantes en “pasos ilegales”. La justificación para militarizar la región es el dominio de las trochas por parte de “bandas organizadas”, el “paramilitarismo” y el “narcotráfico” colombianos.
Este no es un argumento nuevo. Cada cierto tiempo, Venezuela anuncia el despliegue de militares y de fuerzas de seguridad en frontera, como las infames ‘operaciones de liberación del pueblo’ que dejaron más de 2.000 colombianos deportados en 2015 o la seguidilla de ejercicios militares desplegados más recientemente. Estas acciones generalmente buscan legitimar la permanencia del régimen y enviar mensajes de organización interna a los cuerpos de seguridad y defensa.
Tampoco es del todo falso. Aunque faltó mencionar la participación de la guerrilla colombiana, la gran mayoría de los pasos informales se encuentran dominados por grupos irregulares y criminales binacionales a lado y lado de la frontera. Tanto fuentes oficiales como de la sociedad civil local e internacional han dado cuenta de las dinámicas de extorsión, tráfico y trata que allí se gestan.
De cualquier manera, estas medidas se destacan particularmente por su sevicia y la forma como los migrantes son instrumentalizados. Estas van más allá de simples medidas administrativas y de propaganda.
Esta es una extensión de la política de instrumentalización del retorno, como vector principal de transmisión de la covid-19 en Venezuela. Lo que comenzó con el discurso de los ‘contagios importados’ se ha ido transformando en una retórica sobre un ataque sistemático que utiliza a los migrantes para inocular el virus en Venezuela desde el exterior.
De esto hacen parte también los señalamientos a los migrantes de ser ‘armas biológicas’ (hecha por Lisandro Cabello, secretario de gobierno del estado Zulia) y la restricción del paso regular hacia Venezuela desde Colombia a un número limitado de personas tres veces a la semana. Además de ser contrario a los instrumentos de protección internacionales, todo esto agrava la vulnerabilidad de los migrantes y dificulta la movilidad humana desde y a través de Colombia.
Además, con estas medidas se está oficializando la criminalización del retorno en Venezuela. Su función política es señalar a los retornados de ser socios o partes activas de estructuras delictivas, sobre las cuales el ejercicio del control específico y el refuerzo de su vigilancia son necesarios. La militarización posibilita el uso de la violencia en su contra, justificada en la asociación con la estructura criminal. La excepcionalidad de la pandemia, vista a todas luces como un asunto de seguridad pública del más alto nivel, lo convierte en algo legítimo bajo el esquema normativo del régimen.
Así, el riesgo de nuevos vejámenes en contra de los derechos fundamentales de los migrantes se recrudece. Las consecuencias humanitarias pueden ser (aún más) desastrosas. A su vez, este esquema de política interna es inmune a las denuncias que se puedan hacer ante la autonomía interna, soberana, con la que cuenta el régimen. Mientras tanto, las consecuencias de estas acciones recaen sobre las personas que buscan retornar a Venezuela, en claro y válido uso de su autonomía individual.
Ante esto vale la pena volver a insistir en la necesidad de abrir un canal de comunicación oficial con el régimen de Maduro desde Colombia. Una forma para disminuir las consecuencias de la criminalización del retorno es abrir mecanismos de paso constante y regular hacia Venezuela en medio de la pandemia. Con esto se pueden brindar ciertas garantías para los que retornan, mientras que se ataca la demanda de uso de trochas y pasos irregulares dominados por estructuras irregulares y criminales.
Bien es cierto que esta es una tarea que exige condiciones de gestión excepcionales, que además chocan con la política exterior que el país ha sostenido frente a su vecino. Pero en esta ocasión, debe primar el Estado de Derecho que defiende la vida y la dignidad de las personas y no los objetivos políticos que, por demás, parecen estar muy lejos de ser alcanzados.
Por otra parte, las entidades técnicas y locales colombianas han hecho un esfuerzo importante para coordinar la movilidad hacia Venezuela. Sin embargo, por más que se busque desestimular el retorno, no existen condiciones estructurales ni en Colombia ni en otros países de la región que permitan una existencia digna a miles de personas que han perdido sus medios de subsistencia. El deseo de regresar va a seguir siendo una constante y una manifestación autónoma del ser en medio de la contracción económica que ya vivimos. En un Estado que defiende las libertades individuales se debe hacer todo lo posible para garantizarlas, incluso, sobrepasando el dogmatismo político de sus gobernantes.
Mauricio Palma
Investigador Doctoral, Universidad de Warwick (Inglaterra
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Por: Mauricio Palma @xmpalmax
