La de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ya no parece una salida en falso. En menos de un año, sus declaraciones se han convertido en la gasolina para la xenofobia y ni siquiera el rechazo de académicos, líderes políticos e incluso organizaciones internacionales como la CIDH la han llevado a retractarse. 

Ella se excusa en que no está generalizando y en que cuida su lenguaje para hablar de “una minoría de venezolanos violentos”. Se excusa, además, en que los problemas hay que verlos de frente y sin politiquería para resolverlos. Pero lo que ignora la alcaldesa son los efectos de sus palabras y la imprecisión en su análisis.

En su última declaración, la alcaldesa comete dos errores. El primero, repetido hasta la saciedad, es el de asociar un delito con una nacionalidad, y con esto exacerbar los mensajes de odio y la violencia contra esta población. La alcaldesa, que por años se ha jactado de su rigurosidad académica y de haber estudiado el conflicto armado, parece olvidar de la nada que las palabras estigmatizantes pueden poner la bala en la cabeza de un ciudadano. El error aquí es uno ético, que la alcaldesa bien podría revisar desde la ética pública con la que ha promovido su carrera.

Pero el segundo error, y quizás el más grave, es el de minar de entrada la confianza de los ciudadanos en el proceso que se avecina: la regularización masiva de venezolanos anunciada por el Gobierno nacional con el Estatuto Temporal de Protección. Que la misma alcaldesa que ha pedido más ayuda del nivel central para atender las necesidades económicas de los migrantes, y que se ha quejado de la dificultad para judicializar a los poquísimos venezolanos delincuentes, despotrique de esta medida humanitaria es apenas incongruente. Y ojalá sea eso, y no una acción premeditada que busque réditos políticos.

Ignora la alcaldesa que con el Estatuto se podrá obtener la plena identificación de todos los venezolanos para que quien sea que delinca en Colombia pueda ser efectivamente penalizado y encarcelado. Ignora la alcaldesa que si los venezolanos ingresan al sistema de salud ya no serán los entes territoriales como Bogotá los que asuman los costos de su atención médica. Ignora la alcaldesa que si los venezolanos pueden trabajar en igualdad de condiciones que los colombianos ya no se generará esa competencia desleal que podría surgir de personas explotadoras que decidían pagarles menos a los migrantes por su falta de documentos.

La política de la evidencia, la política de la diversidad, la política de los brazos abiertos y la política de la esperanza no puede echarse a la basura por las dificultades de seguridad que atraviesa Bogotá y que han sido exacerbadas por la estela de pobreza que ha dejado el covid a su paso. El riesgo más grande es que la alcaldesa cabalga en un sentimiento de rechazo hacia los venezolanos que hoy por hoy comparten la mayoría de los colombianos, según todas las encuestas.

Pero del segundo cargo de elección popular más importante del país y de quien ha querido y probablemente quiere en el futuro llevar las riendas de Colombia, lo que se espera no es una actitud oportunista sino una actitud de grandeza. Y hoy, alcaldesa, su grandeza estaría en reconocer que se ha equivocado y en ayudar, con su voz altisonante que conquistó a tantos corazones, a que los colombianos y los venezolanos puedan convivir en paz en este país que ya tanta violencia ha sufrido.

Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela