Este 19 de agosto del 2020 se cumple ese tiempo de cierre general de la frontera entre Colombia y Venezuela, por decisión unilateral e injustificada del señor Maduro.
Con la misma no solo se perjudicó el vital comercio que entre ambos países existía -ya afectado por decisiones precedentes originadas por posturas exclusivas del señor Chávez- sino que originó el retorno forzado de colombianos a su país, obligando a este a adoptar medidas urgentes de acogida a quienes se vieron afectadas por las mismas.
Este lustro ha sido a la vez el de mayor incremento de la migración venezolana hacia territorio neogranadino, al extremo que más de un millón ochocientos mil connacionales en la tierra de Nariño y Caldas hacen vida, con las naturales limitaciones derivadas de su condición de migrantes irregulares, como lamentablemente es la que la mayoría de ellos tiene.
Colombia ha sido un país para el cual la migración no era un problema susceptible de particular atención, dado que no era interesante para migrar. Hoy, producto de la situación venezolana, de la extensa línea fronteriza existente entre ambas naciones y seguramente de las políticas restrictivas de acceso a migrantes que otras naciones han establecido respecto de los venezolanos, es ella el sitio al cual estos voltean como salvavidas de la insostenible situación económica a las que los tiene sometido el señor Maduro y quienes le acompañan en su actuación caraqueña.
Dos gestiones gubernamentales han enfrentado hasta ahora en Colombia la crisis migratoria venezolana. Inicialmente lo hizo el Presidente Juan Manuel Santos, a la cual se le debe la creación del Permiso Especial de Permanencia y la otra –la actual- la del señor Presidente Duque quien la ha continuado, aun cuando –válido sea decirlo- sin la amplitud del primero.
Hemos sostenido que la migración no es un problema sino una oportunidad. Las cifras en el mundo lo evidencian y Colombia no ha sido la excepción.
Para que ella produzca beneficios tangibles e in crescendo, es menester adoptar políticas públicas que faciliten la integración económica al país.
En consonancia con ello y partiendo de la idea que al ser nosotros los venezolanos los causantes del impacto generado por la migración, es por tanto mayor nuestra responsabilidad en la propuesta de políticas públicas para este, es lo que a algunos de nosotros nos ha llevado a presentar ante las autoridades respectivas, propuestas relativas al tema de nuestra identificación en coordinación con la creación de un sistema nacional de reconocimiento de carencias de personal, que facilite el redireccionamiento productivo del migrante y del colombiano sin empleo; a la implementación de normas para enfrentar la apatridia; a la concreción de una campaña educativa contra la xenofobia y la facilitación –con justificación práctica- del mecanismo de convalidación de títulos, entre otras.
Hemos sido los venezolanos quienes al país le hemos expresado que la gran mayoría de los migrantes y refugiados que en Colombia decidimos radicarnos, somos gente de bien. Respecto de los otros -esa ínfima minoría que aquí ha venido a delinquir- quienes adversamos su conducta tenemos una opinión para el país: Enjuícienlos, condénenlos si resultan culpables y luego de cumplir la pena, depórtenlos. Eso servirá como disuasivo general.
El migrante venezolano a Colombia viene por primera vez en la historia, no a contribuir a liberar al país, no como turista, no a ser una carga per se. Viene prioritariamente a trabajar, a producir para él y para su familia, en virtud de las paupérrimas condiciones económicas del país de origen, evidenciadas en la reciente encuesta que cuantifica en más del 90% el nivel de pobreza en Venezuela.
En la actual circunstancia Colombia le ha abierto sus puertas –generosamente- a quienes han debido salir de Venezuela por razones políticas. Diputados a la Asamblea Nacional, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, representantes ante el Consejo Nacional de Universidades, periodistas y militares –entre otros- cuyo único delito ha sido enfrentar por los caminos de la civilidad democrática la gestión Maduro, en Colombia hemos recalado.
Los venezolanos que aquí estamos, que compartimos con los colombianos sus diarios problemas, sus personales tragedias, pero también sus triunfos –que vivimos como propios-, agradecemos el gesto de la gran mayoría de recibirnos y acogernos. Su conducta para con nosotros, nos obliga perennemente.
*Gonzalo Oliveros Navarro es abogado, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y refugiado en Colombia.
Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.
Por: Gonzalo Oliveros Navarro @barraplural
