Por el delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes fue capturada en Aguazul, Casanare, Yliana del Carmen Serrano Tovar, una migrante venezolana de 24 años señalada de haber vendido a su bebé recién nacida a Germán David García Sánchez y Edwin Gildardo Agredo Correa, una pareja gay que viajó desde Boyacá para hacer la transacción. Agredo Correa también fue capturado el sábado 27 de febrero por los delitos de tráfico de niños, niñas y adolescentes, obtención de documento público falso y supresión, alteración o suposición del estado civil.
De acuerdo con García Sánchez, quien permanece en libertad, el contacto con Yliana del Carmen ocurrió a través una publicación de él y su pareja en un grupo de Facebook en contra del aborto, en donde ambos manifestaban su intención de adoptar. Con un mensaje, la pareja les pedía a las madres que no querían hacerse cargo de sus bebés que les dieran la oportunidad de ser padres.
Fue así como con ocho meses de gestación, sin acceso a atención prenatal, con otras dos hijas bajo su responsabilidad y viviendo con los ingresos provenientes de la venta de empanadas en Aguazul, Yliana del Carmen decidió responderle a la pareja y pactar la entrega de la bebé, según relató García Sánchez en una entrevista a un medio local.
La mujer habría llegado a Colombia en diciembre pasado, proveniente del estado de Apure y, según dijo, su decisión estuvo motivada por las dificultades económicas y la ausencia de una red de apoyo en un país que no era el suyo. Además, agregó, ella no quería ser madre nuevamente de una bebé resultado de una relación extramatrimonial.
Para Ana Margarita González, abogada de la organización Women’s Link, una organización internacional que lucha por los derechos de mujeres y niñas, es trascendental frente a este tipo de casos identificar las causas y considerar el contexto de vulnerabilidad que pudo haber derivado en una situación como esta.
Para González, parte del problema radica en un fallo estructural en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva tanto para las mujeres venezolanas que emigran como para las que se quedan en Venezuela: “Realmente la capacidad de estas mujeres para controlar su vida reproductiva y planificar su familia es muy escasa por el costo y disponibilidad de estos servicios tanto en Colombia como en su país”, sostiene la abogada.
Adicional a esto, González señala que es clave tener en cuenta otras circunstancias de vulnerabilidad a las que están expuestas las migrantes, tales como precariedad económica, barreras para el acceso a información y falta de ingresos, empleo, y educación, entre otras razones que —añade la vocera de la organización— “pueden influir en una situación como esta, en la que una mujer se ve en una (circunstancia) sin salida”.
«Es necesario proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes. En la medida en que tengan mayor autonomía y acceso a anticonceptivos, es más fácil prevenir que se generen situaciones como estas»
Ana Margarita González
Abogada Women’s Link
¿Cuánto pagaron?
Aunque la pareja de hombres ha asegurado que la mujer nunca pidió expresamente una suma de dinero a cambio de la menor, ellos se habrían encargado de pagar una ecografía para establecer el progreso del embarazo y el sexo del feto. Igualmente, le habrían entregado en distintas ocasiones sumas de dinero que alcanzaron los 410 mil pesos para gastos como alimentación de la mujer y sus hijas.
Los investigadores de la Fiscalía creen que los hombres negociaron a la menor por un millón de pesos, cifra que ha sido ratificada por la mujer. “Solo quería encontrar a alguien que se hiciera cargo de la bebé”, dijo ella y agregó que fuera de las ayudas mencionadas por García Sánchez le habían prometido el millón de pesos. “Ellos estaban buscando adoptar hace mucho tiempo, entonces me dijeron que ellos me ayudaban y yo me sentía muy sola, acá no tengo a nadie, mi familia está en Venezuela, yo cargo acá con los niños, así que por un momento me dejé llevar, no lo pensé bien y acepté”, relató la mujer.
El caso fue conocido el jueves 18 de febrero cuando Mary Uzcanda, otra mujer venezolana y suegra de Yliana del Carmen, alertó a las autoridades. Al parecer, Yliana había sostenido durante dos días que su bebé había fallecido durante el parto.
Según la investigación, y pese a las fuertes contracciones, Ylina no había aceptado ir al hospital y tuvo a la bebé en su casa en Yopal mientras se duchaba. Dado el parto improvisado, y un golpe que sufrió la recién nacida, la mujer debió finalmente recluirse en el centro hospitalario de la capital casanareña, lugar a donde también llegó la pareja de hombres.
Dos días después, cuando la menor ya estaba a cargo de Germán David García Sánchez y Edwin Gildardo Agredo Correa, la Policía emprendió un operativo por lo que inicialmente fue interpretado como el “rapto de un menor de edad”. Los dos hombres y la bebé de cuatro días de nacida fueron interceptados en Pajarito (Boyacá) cuando se dirigían de Yopal hacia Duitama.
A la fecha, la menor se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el proceso de restitución de derechos, mientras que las otras dos hijas de Yliana del Carmen Serrano fueron entregadas al padre, también un migrante venezolano.
Tras la captura de Yliana y Edwin Gildardo el pasado sábado, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul les dictó a los dos implicados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Agredo Correa, quien trabaja como Secretario del Juzgado Promiscuo de San Mateo (Boyacá) no aceptó los cargos y, a través de su defensa, presentó recurso de apelación contra la medida. A la investigación también está vinculado García Sánchez, quien sostiene que nunca hubo un intercambio o transacción económica de por medio.
Respecto a esto último, Yliana del Carmen asegura que estando en el hospital se arrepintió de la decisión: “Entonces ahí fue cuando yo les dije que no quería y ellos me dijeron que si yo me negaba a eso, tenía que pagarles 50 millones de pesos”, indica la mujer que, además, afirma que semanas antes de dar a luz fue coaccionada por la pareja para firmar un documento según el cual, de no cumplir con la entrega de la recién nacida, estaba obligada a pagar una compensación económica a los dos hombres.
El proceso pasa ahora a un Juez de Conocimiento para resolver el caso con reparto en Yopal, donde se fijarán nuevas audiencias. Las autoridades investigan si Edwin Gildardo Agredo estaría comercializando a otros menores, para lo cual peritos informáticos revisan algunas publicaciones que había realizado la pareja sobre la compra de bebés a través de una red social.
Por: Laura Cristancho @Lauracamila_cc
