La organización venezolana FundaRedes denunció ante la Defensoría del Pueblo del estado Táchira que distintos cuerpos de seguridad y grupos armados irregulares han cometido “tratos crueles, inhumanos y degradantes, extorsión, intento de agresiones sexuales, robos, entre otras vulneraciones” contra los migrantes forzados venezolanos, quienes en su mayoría se desplazan caminando hacia la frontera con Colombia huyendo de la emergencia humanitaria compleja y buscando sobrevivir fuera del país.
El equipo de activistas y defensores de derechos humanos de FundaRedes se desplegó en las carreteras de los estados fronterizos de Venezuela para documentar la situación de los migrantes forzados. La organización asegura tener testimonios de personas que narraron todo lo que enfrentan a lo largo de su travesía para huir del país y cuentan cómo funcionarios de los organismos de seguridad en puntos de control los despojan de sus pertenencias, objetos de valor o dinero para dejarlos avanzar.
Javier Tarazona, director general de FundaRedes, explicó que desde el inicio de la pandemia se presentó la extorsión de las guerrillas de las Farc y el ELN contra los migrantes retornados en los pasos ilegales para ingresar a Venezuela. Sin embargo, asegura Tarazona, en las últimas semanas han documentado “la perversidad con uniforme” en contra de los venezolanos que “huyen de la miseria, del hambre, y en las alcabalas (retenes) los paran y les quitan el poco dinero que llevan para comer”.
Tarazona asegura que más de 250 pasos ilegales en Táchira, 180 por el Zulia y 90 por el estado Apure son el espacio para que venezolanos que migran forzadamente queden a merced de los grupos armados irregulares, quienes les cobran un monto en pesos colombianos o en dólares según la cantidad de maletas que llevan para permitirles cruzar hacia Colombia.
Los cruces por las trochas se han intensificado en las últimas semanas, pues el Gobierno colombiano ha mantenido cerrada los pasos fronterizos formales buscando contener la propagación del coronavirus. De hecho, en los últimos días, intentando controlar la frontera y evitar que más personas ingresen de manera ilegal al país, el Gobierno desplegó a unos 900 uniformados de la Policía y el Ejército Nacional.
Como los migrante siguen intentando cruzar, del lado venezolano los cuerpos policiales, la Guardia Nacional y el Ejército les solicitan la prueba PCR que compruebe resultados negativos para la covid-19 como requisito para permitirles continuar su recorrido. Sin embargo, según las denuncias de FundaRedes, esta petición la hacen “sabiendo que en este país no hay insumos médicos, y como no las tienen, les exigen que paguen en dólares o a las mujeres que paguen con el cuerpo”.
“La mayor cantidad de caminantes son mujeres con niños, grupos de mayor riesgo, que se desplazan hacia la frontera en condiciones precarias para intentar sobrevivir en Colombia”, añadió Tarazona en medio de su denuncia, en la que además aseguró que las personas y las comunidades que se organizan para ayudar a los migrantes están recibiendo amenazas por parte de colectivos y grupos armados.
“El Estado busca silenciar esta situación, porque incumple en su deber de garantizar las condiciones para que los ciudadanos no tengan que huir del país, y en su defecto intentan impedir que las personas se movilicen hacia la frontera”, concluyó Tarazona.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
