Falta de acceso, deserción, limitantes económicas y el desconocimiento de las normas nacionales, son algunos de los factores de riesgo para mantener el acceso a la educación.
Fátima De Oliveira
De acuerdo con el censo de Educación Formal (EDUC), realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, para el año 2022 la cifra de estudiantes matriculados en el país, desde preescolar hasta el grado 11, fue de 99,55%.
Las cifras muestran que, de la matrícula estudiantil nacional de 2022, al menos 583.550 son migrantes, de los cuales, 479.818 son niños, niñas, adolescentes y adultos estudiantes de origen venezolano. Según un informe del Sistema de Matrícula Estudiantil (Simat) del Ministerio de Educación, la población migrante venezolana representó 5,8%. de la población total.
Aunque más de medio millón de menores venezolanos están matriculados actualmente en el sistema educativo colombiano, las cifras de Migración Colombia hablan de unos 713.032 migrantes venezolanos en edad escolar que viven en el país, lo que significa que no todos están estudiando.
También el Simat apuntó en un informe que 37.323 estudiantes provenientes de Venezuela se retiraron del colegio el año pasado, por lo que el Centro de Investigación Económica y Social de Fedesarrollo delimitó los retos para 2023: mejorar la cobertura académica, aumentar el acceso y reducir la deserción en los niveles básicos.
Sobre esto, Cécile Lavergne, directora ejecutiva y fundadora de CLEO, comentó que el tema de mayor preocupación para las organizaciones no gubernamentales en la actualidad es el acceso a la educación para todos los menores venezolanos que han emigrado a Colombia.
Muchos migrantes venezolanos en edad escolar no pueden acceder a la educación porque sus padres o representantes primero deben resolver temas como el trabajo, los ingresos y una vivienda estable. En este sentido, muchos niños se suman al sistema educativo en condiciones desfavorables.
Según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), 22% de los estudiantes migrantes en el país se encuentran en edad escolar, lo que representa un problema para el Estado al momento de garantizar una formación completa y de calidad.
Si bien existen muchas organizaciones que ofrecen apoyo a los migrantes venezolanos, el tema educativo depende en gran medida de las autoridades del Ministerio de Educación de Colombia y del criterio que aplican algunos colegios del país, los cuales exigen documentación con la que no cuentan algunos migrantes que llegaron de manera irregular.
En aras de reducir esta desigualdad, Lavergne explicó que CLEO ha desarrollado un modelo de “inserción socioeconómica con el fin de proteger a las familias y brindarles oportunidades para generar ingresos y mejorar su calidad de vida”. Sin embargo, no se dan abasto para atender a todos los migrantes y refugiados venezolanos en condiciones de vulnerabilidad.
A este desafío hay que sumarle otro: los ciudadanos provenientes de Venezuela se están moviendo a otras zonas de Colombia. Al comienzo de la crisis migratoria, la matrícula de esta población se concentraba principalmente en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Casanare
Ahora, con el paso de los años, la matrícula se ha expandido a 32 departamentos y al Distrito Capital, en las 96 entidades territoriales certificadas en educación (ETC) y en 1.089 de los 1.120 municipios totales.
