El año pasado, la Registraduría decidió anular los Registros Civiles de Nacimiento de estos ciudadanos, en su mayoría nacidos en Venezuela, por el presunto hallazgo de inconsistencias en sus actas de nacimiento que los descalificarían para la nacionalidad colombiana.
El revuelo y la polémica generada a mediados del año pasado, por la decisión que tomó la Registraduría Nacional de anular las cédulas de identidad de 42.000 ciudadanos colombianos por presuntas irregularidades en algunos registros de nacimiento, dejó graves secuelas institucionales para estas personas, ya que han sufrido daños irremediables en el ejercicio de su identidad ciudadana y el acceso a derechos en Colombia.
Así lo reveló un informe publicado recientemente por la organización Refugiados Unidos y la corporación Opción Legal, en cuya alianza lanzaron el documento: “Realidades y retos de la anulación de registros civiles de nacimiento en Colombia”, el cual expone detalladamente las irregularidades encontradas tras esta anulación de cédulas de ciudadanía, además de las graves consecuencias que el Estado colombiano ha ocasionado a los afectados.
El informe presentado por Refugiados Unidos y Opción Legal muestra varias irregularidades en el debido proceso que realizó la Registraduría. Explican que hubo “falta de notificación formal: la mayoría de los colombianos afectados con la anulación de cédulas de ciudadanía nunca fueron notificados por la Registraduría, sino que se enteraron cuando la medida comenzó a surtir efecto (cierre de sus cuentas bancarias, suspensión de la EPS, detenciones policiales, etcétera), o por los comentarios de otros conciudadanos afectados. En algunos casos, los afectados sufrieron detenciones policiales y escarnio público al ser señalados de poseer “falsa identidad”.
Otra de las inconsistencias que se presentó, según la investigación de las dos organizaciones, es que ocurrieron “fallas en la debida motivación del acto administrativo: en la mayoría de los casos de anulación de cédulas de ciudadanía, la Registraduría no explica por escrito las razones específicas de tal decisión, sino que a la mayoría de los afectados se les dio la misma respuesta genérica, llena de vacíos, lo que reduce significativamente las opciones de defensa”.
Refugiados Unidos y Opción Legal argumentan que “no se escucharon a los afectados antes de tomar una decisión: se desconoció la jurisprudencia nacional e internacional de escuchar a la parte afectadas antes de tomar una decisión tan radical como la anulación de cédulas de ciudadanía, teniendo en cuenta los perjuicios que esto genera a los afectados”.
En consecuencia, los afectados con las cédulas anuladas tuvieron barreras al derecho a la defensa. En este punto, explican que estas mismas irregularidades procedimentales de la Registraduría, aunado a las respuestas deficientes de muchos de sus funcionarios ante los derechos de petición de los afectados, representan graves barreras que obstaculizan una respuesta efectiva ante la anulación de los registros civiles de nacimiento.
“La anulación de cédulas de ciudadanía convirtió, de la noche a la mañana, alrededor de 42.000 colombianos en ‘migrantes irregulares’, incluso con riesgo de apatridia, como ha sucedido con la mayoría de estos casos que son ciudadanos colombo-venezolanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la anulación de documentos que acreditan la nacionalidad de una persona son procedimientos tan especiales y complejos, que deberían guiarse por unas garantías mínimas a saber: el principio de legalidad, garantía de no discriminación, proporcionalidad del acto, prevenir la apatridia y respetar el debido proceso, teniendo en cuenta también a población que merece una protección especial”, denuncia el informe.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
