La ausencia del tema migratorio en las pasadas elecciones presidenciales fue un vaticinio de la poca importancia que este gobierno le daría al tema. Txomin Las Heras, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario analiza los efectos que puede tener este “frenazo”.
Por Txomin Las Heras Leizaola.*
La imagen más cercana a la que se puede asociar lo que ha sido el primer año del gobierno de Gustavo Petro en el tema de la migración es la de una importante desaceleración, con algún que otro frenazo, de un vehículo que va por el carril rápido de una autopista. La pérdida de velocidad permite que los demás carros lo pasen, que otros comiencen a acumularse por detrás y que, al final, sus ocupantes lleguen más tarde de lo previsto a su destino. Esto sin tomar en cuenta los peligros de pérdida de control que el brusco accionar de los frenos puede acarrear.
La migración, más allá de ciertos formalismos signados por lo políticamente correcto, estuvo ausente en la pasada campaña electoral presidencial. Algunos analistas saludaron esta circunstancia con el argumento de que era preferible que no se ventilara públicamente un asunto que puede llegar a resultar espinoso si cayese en el terreno de la xenofobia, pero otros advirtieron que podría tratarse de un presagio sobre la pérdida de importancia de la materia migratoria en la agenda nacional. Lamentablemente, fue esta última opción la que se impuso.
Por una u otra razón, el nuevo gobierno decidió iniciar su andadura migratoria con dos polémicas decisiones, ambas con grandes consecuencias negativas.
La primera fue desmantelar la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, también conocida como Gerencia de Frontera, una instancia que había sido creada al final del gobierno de Juan Manuel Santos, siendo fortalecida y formalizada durante el de Iván Duque, que permitió abordar las acciones humanitarias y de choque que se necesitaban para enfrentar una ola migratoria masiva como la proveniente de Venezuela y dar los primeros pasos para su integración de los migrantes en el tejido social y económico del país, lo que se materializó primero con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y luego con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y el Permiso por Protección Temporal (PPT).
La principal virtud de esta oficina, que estratégicamente fue adscrita a la Presidencia de la República, fue coordinar al interior del propio gobierno las acciones que los diferentes ministerios y otras instancias del Ejecutivo tenían que tomar para afrontar este fenómeno de movilidad humana transnacional inédito para Colombia. Pero no solo eso, la Gerencia de Frontera también se dedicó a organizar la respuesta a los retos migratorios conjuntamente con las autoridades regionales y locales en la primera línea del frente; con los gobiernos extranjeros para la consecución de ayuda económica; así como la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil y la propia comunidad venezolana organizada para la atención de las diversas problemáticas de los migrantes.
La brusca eliminación de esta instancia, que se había convertido en un buen ejemplo de política de Estado y continuidad administrativa, dejó al gobierno colombiano sin un ente que asumiera el papel coordinador que hemos mencionado y echó por la borda todo el acervo de experiencias, conocimientos y recursos humanos que se había acumulado. El argumento de la eliminación de gastos en Presidencia no lució convincente pues la mayor parte de los costos estaba cubierta por la cooperación internacional. El traslado de estas responsabilidades al Ministerio de Relaciones Exteriores no parece haber sido lo más acertado a la luz de los resultados.
La otra controvertida decisión de la administración del presidente Petro ha sido la de “desvenezolanizar” el tema migratorio, con el argumento de que los migrantes provienen de muchos otros países y requieren un tratamiento igualitario. Más allá de la justedad de darle un tratamiento equivalente a cualquier ser humano que se vea en la disyuntiva de migrar de manera forzosa o solicitar refugio, esta argumentación pasa por alto que mucho más del 90 por ciento de la migración en Colombia es venezolana y requiere un tratamiento específico y puntual por las causas que la originaron y las características que presenta. Pareciera más bien que se trata de una excusa para diluir el tema y meterlo debajo del tapete.
En definitiva, al cabo de doce meses de gestión gubernamental el gobierno de Colombia ha decidido pisar el freno respecto a la migración venezolana, lo que acarreará preocupantes consecuencias, especialmente en lo atinente a la integración de casi 3 millones de personas que representan cerca del 6 por ciento de la población actual del país, gran parte de las cuales se encuentran en situación de gran vulnerabilidad y que deberían estar en el centro de las preocupaciones del mandatario nacional.
* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, así como presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, y miembro de la red Charlas de la Bitácora Migratoria.
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