Aunque este mecanismo fue muy bien recibido por la comunidad internacional, su implementación ha perdido dinamismo durante la administración de Gustavo Petro, María Gabriela Trompetero, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, analiza cuáles han sido los retrocesos.

Por María Gabriela Trompetero*

En febrero de 2021, el gobierno colombiano de Iván Duque aprobó por decreto presidencial el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). El mecanismo de regularización ha sido celebrado por distintos actores de la comunidad internacional, entre ellos, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, quien destacó el rol de Colombia al otorgarle el estatus de protección temporal a más de 1,7 millones de personas de Venezuela, lo que les permite “permanecer, trabajar y acceder a servicios sociales como la educación y la salud”.

Transcurrido un año desde la llegada a la Casa de Nariño del gobierno de Gustavo Petro cabe preguntarse ¿cómo se ha implementado el ETPV y cuáles han sido los retrocesos?

La regularización: la llave de entrada para la integración

Primero, es relevante entender la importancia de este tipo de medidas masivas de regularización migratoria. Según la Organización Internacional de las Migraciones, la regularización “permite que los migrantes que residen en un país puedan estabilizar su situación, disminuye las probabilidades de que puedan ser explotados, aumenta la recaudación fiscal y las aportaciones a la seguridad social del Estado, mejora la disponibilidad de datos exhaustivos sobre el mercado laboral y la migración irregular, y debilita la economía sumergida“.

Antes de la aprobación del ETPV, Colombia llegó a tener en su territorio a casi un millón de personas venezolanas en situación irregular, es decir, sin documentos que les permitiesen su estadía regular en Colombia y con ello el acceso a distintos servicios en materia de salud, educación, sistema financiero, mercado laboral, entre otros.

Además, la irregularidad incrementa el nivel de vulnerabilidad de las personas migrantes ante la explotación laboral, la probabilidad de ser víctimas de trata de personas o del reclutamiento por grupos criminales. Por ello, regularizar a casi dos millones de personas migrantes en Colombia ha sido clave, aunque no suficiente, desde una perspectiva de protección.

¿Por qué se debe seguir impulsando y ampliando el ETPV?

Es ejemplar que el proceso para ser beneficiario del ETPV sea gratuito pues ese no ha sido el caso en toda la región. El gobierno de Panamá, por ejemplo, ha activado recientemente un mecanismo de regularización para la población migrante por dos años que tiene un costo de casi 1000 US$, un precio excesivamente elevado.

Adicionalmente, que el ETPV tenga un periodo de duración de diez años y les ofrezca a sus beneficiarias y beneficiarios el paso a soluciones duraderas como la visa de residente, le otorga a la medida un mayor alcance desde una perspectiva de integración.

Aún más, al considerar que según la más reciente “Encuesta Pulso de la Migración” del DANE, el 81,7 % de la población venezolana en Colombia tiene vocación de permanencia. Las y los beneficiarios del ETPV cuentan ahora con el tiempo suficiente para que ellas y sus familiares se establezcan en el país. Tal vez para quien no ha migrado esto no parezca tan relevante, pero para un migrante implica tener la certeza y tranquilidad de desarrollar una vida sin sentir que tiene el reloj en su contra. Además, desde una perspectiva regional, otras iniciativas de regularización como la ecuatoriana o la panameña solo ofrecen dos años de regularidad migratoria.

Considerando las barreras que enfrentan las personas venezolanas para obtener documentos de identificación en su país de origen como pasaportes, que hasta la fecha más de 1,7 millones de personas venezolanas hayan sido regularizadas y cuenten con un documento que les permita tener derecho a la identificación por diez años es una gran muestra de solidaridad con las y los ciudadanos del país vecino que enfrentan tantos retos para acceder a sus derechos en Venezuela.

¿Cuáles han sido algunos de los retrocesos?

Si bien la implementación del estatuto ha continuado durante el nuevo gobierno, se han observado retrocesos.

Primero, no se ha extendido el periodo para que las personas en situación irregular que entraron después del 31 de enero de 2021 puedan ser parte del mecanismo, a pesar de que el desplazamiento forzoso venezolano sigue en aumento. Desde el año 2021, cuando inició el estatuto, la cifra de la migración venezolana en el mundo registró un aumento de más de un millón de personas para estar en la actualidad por encima de los 7,3 millones.

En Colombia, para enero de 2021 había 1,7 millones de personas venezolanas y a la fecha la cifra se acerca a los tres millones, de ellas, 311.729 se encuentran en situación irregular. Asimismo, las barreras para que las personas en Venezuela puedan obtener un pasaporte debido a su alto costo persisten, por ello, para muchas personas no es posible emigrar con dicho documento.

Además, según las cifras de la reciente encuesta del DANE, el 37,4 % de las personas migrantes en el país aún no cuenta con ningún tipo de documento de regularización para permanecer en Colombia. Si no se les ofrece a estas personas una nueva ventana para regularizar su situación en el país o se agiliza su trámite en curso, se puede llegar de nuevo a un alto nivel de personas en situación irregular, lo que sería contraproducente tanto para las personas migrantes como para los avances que ha demostrado Colombia en materia migratoria.

Por otro lado, si bien Migración Colombia creó este año el Certificado de Trámite PPT para que las personas que aún no tienen el documento puedan acceder a servicios, la medida es insuficiente. Distintos beneficiarios del certificado han manifestado cómo en distintas instituciones o bancos no es aceptado el documento, lo que les impide el acceso a distintos derechos en Colombia.

Este año el aumento de rechazos de solicitudes para obtener el PPT encendió las alarmas entre distintas organizaciones de migrantes y clínicas jurídicas. Estas negativas le generaron una serie de preocupaciones y afectaciones a una población que ya enfrenta una serie de retos en materia socioeconómica y emocional para poder establecerse en Colombia.

Por otro lado, ya no se realizan campañas de entrega masiva del PPT como se hacía antes y se ha ralentizado el proceso de aprobaciones y entregas del documento.

Aún existen brechas de implementación entre lo que dicta el ETPV y la realidad de acceso a servicios, no obstante, el gobierno nacional aún tiene tres años para mejorar las áreas donde no se observa un avance, continuar con el proceso de regularización de la población migrante e incluir a aquellas personas que aún no forman parte del mecanismo.

El ETPV debe ser una de las prioridades del gobierno colombiano en materia migratoria. Si bien el desarrollo e implementación de políticas de integración con enfoques diferenciales también son de suma importancia, la entrada a ese proceso no se dará sin que las personas tengan primero ese valioso documento que les dignifica su acceso al derecho a la identidad. Un documento de identificación es más que un “plástico”, es la llave para la primera puerta de una integración exitosa.

* Candidata al Doctorado en Sociología, Bielefeld Graduate School in History and Sociology, Universidad de Bielefeld, Alemania. Maestría en Estudios Interamericanos, Universidad de Bielefeld. Licenciada en Idiomas Modernos, Universidad Central de Venezuela y miembro de la red Charlas de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

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